Equo reclama transparencia al Gobierno sobre residuos mineros

Minas de Riotinto
DIPUTACIÓN DE HUELVA
Publicado 30/01/2019 12:36:29CET

   MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Unidos Podemos ha reclamado transparencia al Gobierno sobre residuos mineros abandonados en Espala, haciendo públicos todos los informes elaborados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre este tema. Del mismo modo, le ha pedido que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y del Medio Ambiente.

   A través de una iniciativa parlamentaria, registrada por el portavoz 'morado' de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, el grupo confederal denuncia la existencia en el país de 44 balsas con residuos mineros abandonados por empresas extractivas y 29 escombreras, según los datos del Inventario de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica publicados por eldiario.es.

   La formación ecologista alerta de que estos casos suponen "una alta amenaza para la salud y el medio ambiente". Sin embargo, no han podido calcular el verdadero alcance de este problema porque los informes que, al respecto, ha realizado el IGME no han sido publicados.

GARANTÍAS SOBRE LOS CONTROLES DE LAS EMPRESAS

   López de Uralde se refiere en concreto a una evaluación de riesgos que España está obligada a presentar según la normativa europea, pero que el Gobierno "ha declarado confidencial", según han explicado en el propio IGME.

   Ante esta situación, Equo reclama al Ejecutivo todos los documentos que estén relacionados con estas balsas de residuos y le pide explicaciones sobre su decisión de mantener la confidencialidad de las evaluaciones de riesgo y le cuestiona sobre las garantías de los controles que realizan las empresas extractivista cuando, por ejemplo, la que explota la mina de Riotinto (Huelva) ha sido condenada "por haber ocultado datos cruciales en el periodo de información pública".

   Para la formación que pertenece al grupo confederal en el Congreso, el Gobierno debería considerar un cambio en el Ley de Minas que considera una norma "antigua", "de tiempos de la dictadura" y "muy garante para las empresas".

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