MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
España podría reducir hasta un 30 por ciento en 2020 las emisiones gases de efecto invernadero (GEI) de los sectores difusos, es decir, transporte, industrias no sujetas al comercio de emisiones, el sector residencial o la agricultura, con un coste de unos 1.000 millones de euros para la aplicación total de todas las medidas adicionales, según la organización WWF, que asegura que la propuesta es "viable técnica y económicamente".
Así, la ONG recuerda en su informe 'La Ruta de España hacia Copenhague: Propuestas para reducir un 30 por ciento las emisiones de CO2 de los Sectores difusos en España 2005-2020', que España se ha comprometido a rebajarlas en un 10 por ciento en 2020, algo que, consideran, "no supone una mejora" respecto a los niveles comprometidos por el Protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012, sino más bien "todo lo contrario" porque aumentarían dichas emisiones de un 6 por ciento respecto a 2010 o de un 46 por ciento en relación con los niveles de 1990.
Además, apunta a que las medidas adicionales reducen un total de 114 millones de toneladas de CO2 para cumplir con el escenario del 30 por ciento a un coste medio de 10 euros por tonelada de CO2 y que se distribuyen mayoritariamente entre los sectores transporte (61 por ciento) e industria (20 por ciento).
En ese sentido, WWF insiste en que "realmente existe un potencial técnico, y a coste asequible", para establecer este objetivo de reducción en un 30 por ciento de las emisiones GEI difusas en 2020 respecto a 2005.
A tal fin, la organización señala como un "reto" proporcionar los instrumentos y recursos apropiados para materializar los potenciales teóricos de esos planes en medidas reales de reducción de emisiones. Además, subraya la necesidad de prestar "más atención" a la industria no afectada por el comercio de emisiones.
Por tanto, WWF exige al Gobierno que proporcione instrumentos y recursos adecuados para que tanto las medidas puestas en marcha como para las nuevas a desarrollar, que evalúe la eficiencia de las medidas para reducir las emisiones con una periodicidad no superior a 4 años, que enfoque las medidas anticrisis hacia la eficiencia energética, porque, a su juicio, "generan más empleo, ahorran energía, reducen la contaminación y los costes energéticos".
