CASTELLÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ex administrador de la empresa Intal, C.B.A, para el que el fiscal solicita ocho años de prisión por el vertido de los residuos peligrosos que generaba la actividad de la industria, dedicada a la refinería de aluminio, registrado en varias localidades de Castellón entre 1993 y 1996, aseguró hoy durante la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Castellón que dichos vertidos no era tóxicos ni requerían ningún tratamiento especial, por lo que "no suponían ningún peligro para el medio ambiente ni la salud".
El acusado aseguró que decidió verter los residuos en Castellón en vez de en el vertedero de Hostalets de Pierola, destino que marcaba la Junta de Residuos de la Generalitat de Cataluña, porque los precios de éste eran "abusivos", y aseguró que la razón por la que se le obligaba a la empresa a verter en dichas instalaciones no era la seguridad, sino porque "había intereses económicos de familiares de políticos de Cataluña".
Según explicó C.B.A., los residuos de Intal eran salinos, "por lo que si se sellaban con arcilla no se producía contacto con el agua y, por lo tanto, no existía contaminación". Así, declaró que se puso en contacto con otro de los acusados, J.A.P.T., socio de la empresa de transportes Cotravi, el cual les apuntó la posibilidad de que los residuos de Intal fuesen depositados en vertederos de Castellón propiedad o gestionados por otros de los dos acusados, uno de los cuales le aseguró que contaban con los permisos necesarios para verter.
Asimismo, señaló que cada año la Junta de Residuos de Cataluña cogía muestras de los residuos de la empresa, cuyos resultados él mismo trasladaba a J.A.P.T., y éste, a su vez, a uno de los propietarios de los terrenos, el cual se los pasaba al Seprona y llegaban a la conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, por lo que dijo no entender que "si los residuos eran tan malos, no se nos dijo nada desde el primer momento", señaló.
El acusado, que reconoció que la Generalitat de Cataluña impuso dos sanciones a Intal por no notificarle que los residuos se estaban depositando en vertederos de Castellón, también indicó que la empresa llegó a un acuerdo con la Generalitat valenciana para comenzar a limpiar los residuos, "acuerdo en el que reconocimos que habíamos depositado 14.300 toneladas de residuos en la provincia y asumimos nuestra responsabilidad, porque se nos presionó y se nos dijo que o firmábamos el acuerdo o iríamos a los juzgados, sin posibilidades de negociación".
El ex administrador de Intal aseguró que él tan sólo tenía conocimiento de que los residuos se vertían en los municipios castellonenses de Almassora y Oropesa, pues fue posteriormente cuando se enteró de que también se habían depositado en los de Vila-real y Xilxes.
Según declaró, la Junta de Residuos de Cataluña nunca notificó a Intal que los residuos eran tóxicos, "aunque, por motivos que desconozco, luego cambiaron de criterio", dijo, al igual que la Generalitat valenciana, "que, no sé si por negligencia o inexperiencia, tampoco nos informaron sobre la toxicidad de los residuos".
En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público solicita, por un delito continuado contra el medio ambiente, cinco años y nueve meses de prisión; una multa de 32 meses con un cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para ejercer sus respectivas profesiones por tres años y seis meses para C.B.A., así como para los otros acusados, J.A.P.T. y T.M.C., socios de la empresa Cotravi, encargada de transportar los residuos, y M.B.C. y J.R.M., propietarios o gestores de algunos de los terrenos donde se depositaron dichas sustancias.
Además, el fiscal pide para los acusados, por otro delito continuado contra el medio ambiente, el arresto de 24 fines de semana y una multa de 22 meses, con una cuota diaria de 10 euros. Por otra parte, demanda, por un delito continuado de daños, la pena de dos años y tres meses de prisión y una multa de 20 meses, con una cuota diaria de 10 euros para todos los acusados.
Por su parte, la Generalitat valenciana, en calidad de acusación particular, demanda seis años y nueve meses de prisión para los acusados, por un delito continuado contra el medio ambiente, así como tres años más por un delito de daños. Las defensas de los acusados solicitan su libre absolución.
El letrado de la defensa de C.B.A. señala en su escrito de conclusiones provisionales que los residuos de Intal nunca supusieron ningún riesgo para el medio ambiente, por lo que la empresa decidió verterlos en Castellón en terrenos impermeables y controlados donde se vertían otros residuos.
