MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha reclamado que las confederaciones hidrográficas recuperen las funciones que se atribuyeron a las empresas públicas como Acuamed o Acuaes, tales como la gestión de las obras hidráulicas.
En el marco del Salón Internacional del Agua y del Riego (SMAGUA) que se celebra en Zaragoza, Del Campo ha recordado que la razón de existir de estas sociedades, creadas a partir de 1997, era cumplir con los criterios de Maastricht para poder ingresar al euro, ya que la inversión en obras hidráulicas a traves de estas sociedades estatales no aumentaba el déficit público, porque sus balances no consolidaban con los presupuestos del Estado.
Pero ha recordado que cuando se cambiaron los criterios de contabilidad pública para que volvieran a computar sus deudas en el cálculo del déficit, se han duplicado de forma innecesaria recursos y competencias. Por ello, ve imprescindible una reordenación del sector público en el que las confederaciones hidrográficas vuelvan a contar con los recursos financieros necesarios para su correcto funcionamiento.
A su juicio, asegurar el futuro de las confederaciones hidrográficas pasa por aplicar criterios de funcionamiento homogéneos en todas las cuencas hidrográficas, de manera que dejen de ser comparadas "con los antiguos reinos de taifas". También ve necesario "revisar" sus criterios de financiación.
Del Campo insiste en la importancia de analizar con detalle la parte de las obras hidráulicas deben pagar directamente los usuarios a través de cánones de regulación y tarifas de utilización del agua por utilizar el recurso para el desarrollo de su actividad económica y qué parte debe sufragarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Para Fenacore es "incomprensible" que los usuarios carguen directamente con la financiación de las confederaciones y recuerda que la Directiva Marco de Agua no establece que se recuperen todos los costes de las obras, por lo tanto ve "imprescindible" contemplar las excepciones a aplicar a cada usuario, según sus circunstancias económicas o sociales.
Finalmente, Del Campo confía en que de esta manera se terminaría con la utilización política del agua o "contaminación política del agua", porque implicaría terminar con la visión localista que "intentan imponer las autonomías", ya que supondría proteger el principio de unidad de cuenca y unidad de gestión.
