Maltrato animal, incendios, flora y fauna suman el 66,80% de las 1.187 condenas en Medio Ambiente en 2017
MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal ha alertado de que existen "numerosos informes independientes" que aportan "suficiente información" por la que se podría considerar que en la actualidad la madera procedente de "algunos" países de África "debería estar considerada en riesgo elevado de ser ilegal". Sin embargo, después de un año de averiguaciones e investigaciones practicadas no se ha podido acreditar la realidad de estos hechos ni exigir responsabilidad penal a persona alguna en España.
Así consta en la Memoria Anual de la Fiscalía 2017, presentada este lunes con motivo de la apertura del curso judicial, en la que se destaca que una de las cuestiones "relevantes" de las que se ha ocupado la Unidad de Medio Ambiente a lo largo de este ejercicio es el tráfico ilegal de madera procedente de África y concluye que las importaciones de esos países "difícilmente" podrían cumplir con el 'Sistema de Diligencia Debida'.
La Fiscalía recuerda que agentes, personas físicas o jurídicas que comercializan en toda la UE madera o productos derivados de madera tienen la "principal obligación de desarrollar y poner en práctica un 'Sistema de Diligencia Debida' que permita asegurarse de que existe un riesgo "despreciable" de que la madera que van a comercializar ha sido aprovechada de manera ilegal.
Al mismo tiempo, insiste a las Administraciones Públicas en que han de llevar a cabo controles sobre los agentes para verificar el cumplimiento de la normativa.
La Memoria explica que el Fiscal de Sala recibió comunicaciones de la organización Global Witness sobre posibles importaciones de madera de algunos países del continente africano, en las que podría figurar madera de especies protegidas por el Convenio CITES pero que después de las investigaciones practicadas no se ha podido acreditar la realidad de estos hechos ni exigir responsabilidad penal a persona alguna en España.
De este modo, alertaba de que esas importaciones se podrían estar incumpliendo la normativa comunitaria y nacional y que además se podrían estar realizando a través de alguna empresa extranjera involucrada en múltiples ilegalidades en sus actividades y según Global Witness, esta operaría bajo el control de personas y entidades sancionadas por Estados Unidos por realizar contribuciones financieras a grupos terroristas.
Ante esta realidad, se acordó que la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil practique averiguaciones para ver si se había cometido alguna infracción penal.
Tras las investigaciones pertinentes y la información recabada tanto en Aduanas como en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, finalmente el SEPRONA concluyó que "no estaba acreditado" que hubiera llegado a España importaciones o tránsitos a través de la empresa extranjera denunciada, de modo que el Fiscal de Sala, finalmente determinó la "imposibilidad de exigir responsabilidad penal a persona alguna en España".
SIGUE LA DIFICULTAD PARA DEMOLER
Por otro lado, la Memoria de la Fiscalía de 2017 destaca que "persisten las dificultades" para controlar de forma rigurosa las ejecuciones practicadas para restituir la legalidad urbanística.
Así, en 2017 se dictaron 180 sentencias de demolición, de las cuales 102 fueron de carácter forzoso y otras 78 voluntarias. Al mismo tiempo en la actualidad existen 55 sentencias de demolición pendientes de ejecutar. La cifra es superior a la del año pasado, cuando se llevaron a cabo 119 demoliciones; siendo 31 de ellas forzosas y 64 voluntarias.
VENENO, UN DELITO "LEJOS" DE DESAPARECER
Otro de los problemas que refleja la Memoria del Fiscal es el uso del veneno en el medio natural ya que considera que la cuestión está "lejos de desaparecer", según se pone de manifiesto con la incoación de procedimientos penales en los juzgados y la formulación de escritos de acusación del ministerio Fiscal en los casos que hay indicios para imputar tales hechos a personas por delito contra la fauna.
Así, recuerda que la Unidad de Medio Ambiente puso en marcha en 2009 una iniciativa para pedir a las comunidades autónomas información sobre las resoluciones de suspensión del permiso de caza en cotos en los que hay episodios de envenenamiento de fauna. Pero dado el tiempo que ha pasado, la Fiscalía ha considerado conveniente ponerla de nuevo en marcha en 2017 y la información resultante ha permitido el control por parte de los fiscales delegados, tanto del cumplimiento efectivo de las medidas adoptadas para evitar estas prácticas, como la incoación de diligencias para acreditar la autoría de estas conductas.
Si bien, la Memoria anual del Ministerio Fiscal celebra que el control de estas prácticas ilegales y la coordinación de los agentes implicados "ha provocado su notable disminución".
CASI EL 67% DE CONDENAS POR MEDIO AMBIENTE, EL RESTO, DE URBANISMO
La Justicia Española dictó un total de 1.187 sentencias condenatorias en 2017 relacionadas con intervenciones en Medio Ambiente, un 17,86 por ciento más que el año anterior, y de estas el 66,80 por ciento correspondieron a delitos contra el medio ambiente, patrimonio histórico, delitos contra la flora y fauna, incendios forestales y malos tratos a animales domésticos, según consta en la Memoria Anual de la Fiscalía 2017, presentada este lunes con motivo de la apertura del curso judicial.
Por tipología, de las sentencias condenatorias, 316 correspondieron a delitos contra la flora y la fauna; 163 por malos tratos a animales domésticos; 136 por incendios forestales, 155 por delitos contra el medio ambiente y 23 por patrimonio histórico.
El resto de condenas relacionadas con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, 394 correspondieron a urbanismo y ordenación del territorio.
Además, el Tribunal Supremo confirmó siete sentencias condenatorias de las que cuatro eran por delitos de Urbanismo y Ordenación del Territorio y tres por incendio forestal.
En cuanto a las sentencias absolutorias, la Justicia española dictó 251 de las que 60 eran por delitos contra el medio ambiente; 132 por urbanismo y ordenación del territorio; 4 sobre patrimonio histórico; 30 por delitos contra la flora y la fauna; 30 por incendios forestales y 46 por malos tratos a animales domésticos. Asimismo, el Tribunal Supremo dictó un fallo absolutorio por delito de incendio forestal.
Para su actividad, la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo ha vuelto a incrementar su plantilla, de modo que este ejercicio estuvieron adscritos a la especialidad un total de 170 fiscales de los que 50 son delegados y 120 especialistas.
Ya en la Memoria de la Fiscalía de 2016 se anunciaba que se incorporaron a la Unidad dos representantes de la Policía Nacional y que se siguió negociando con el Ayuntamiento de Madrid para que incorporase a un representante de la Policía Municipal.
Precisamente, en la Memoria de 2017 se confirma la incorporación de una representante de la Policía Municipal de Madrid para completar la Unidad Policial y destaca que su presencia ha permitido poner en marcha la red de Policías Locales.
