El Gobierno destina 2.235 millones de euros a actualizar los planes de gestión del riesgo de inundación

Los planes profundizan especialmente en el estudio del impacto del cambio climático para prepararse a sus peores impactos.
Los planes profundizan especialmente en el estudio del impacto del cambio climático para prepararse a sus peores impactos. - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Publicado: martes, 17 enero 2023 17:49

   Estos planes se usan para planificar y reducir el riesgo de inundación en los próximos 6 años

   MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio del Interior, ha aprobado dos reales decretos que determinan los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) de las demarcaciones intercomunitarias del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla, y la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.

   El presupuesto total previsto es de 2.235 millones de euros, según el departamento, que detalla que estos planes son una herramienta clave para planificar y reducir el riesgo de inundación en los próximos seis años. Por ello, incluyen medidas que consideran todas las fases del ciclo de gestión del riesgo, prevención, protección, preparación y recuperación.

   En su elaboración se ha tenido en cuenta la implicación de todas las administraciones y de la sociedad. Los PGRI profundizan especialmente en el estudio del impacto del cambio climático para prepararse a sus peores impactos, de acuerdo con la Directiva de Inundaciones y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

   Una de las medidas más importantes previstas en este ciclo es la elaboración e implantación de una Estrategia Nacional de Comunicación del riesgo de inundación y adaptación al cambio climático. Así, los PGRI suponen la consolidación de los programas de adaptación al riesgo de inundación, e incluyen el desarrollo de programas específicos para el incremento de la resiliencia y la adaptación al riesgo de inundación en los sectores o ámbitos territoriales más severamente afectados a través de reales decretos de ayudas como los aprobados para diversos municipios del Campo de Cartagena.

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN Y ALERTA

   En este segundo ciclo está prevista la implantación de dos herramientas que contempla la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (Ley 17/2015) con el objeto de interconectar todos los datos e informaciones necesarias para garantizar respuestas eficaces ante la emergencia entre las Administraciones Públicas competentes, y la Red de Alerta Nacional.

   A través de este sistema se realizará la comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil y de las alertas meteorológicas e hidrológicas para que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza.

   Los PGRI prevén también una inversión de más de 100 millones de euros para la modernización y optimización de las redes de control, el incremento de puntos de medición y el desarrollo de herramientas informáticas para la ayuda a la decisión en situación de avenidas.

   En los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación también se potencia la ejecución de medidas que incrementen el espacio fluvial, recuperación de hábitats, creación de llanuras de inundación y retranqueo o eliminación de obras de protección obsoletas o con poca funcionalidad, todo ello en coordinación con la planificación hidrológica y la protección de los hábitats y especies.

   En concreto, se prevé la ejecución de más de 100 nuevos proyectos con un importe de aproximadamente de 570 millones de euros, que supone un 30 por ciento de la inversión.

OBRAS DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES

   Al mismo tiempo también se incluye la ejecución de actuaciones estructurales que reducen la peligrosidad de formas puntual en zonas generalmente urbanas o que tienen impacto sobre infraestructuras que afectan a la seguridad de las personas, combinadas con otras actuaciones de gestión y avaladas por estudios de coste-beneficio que justifican la viabilidad de la alternativa seleccionada.

   Está prevista la ejecución, en una primera fase de actuaciones prioritarias que cuentan ya con estudios de coste beneficio favorables publicados en estos planes, a las que se irán sumando las actuaciones que se vayan analizando y desarrollando durante este ciclo, con un total de inversión estimado en unos 600 millones de euros.

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