CÓRDOBA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, informó hoy de que la Consejería va a firmar en las próximas horas de modo definitivo el ejercicio del retracto sobre el hotel del El Algarrobico, en Carboneras (Almería), de la empresa constructora Azata del Sol.
En rueda de prensa en Córdoba, Coves explicó que "el paso de hoy supone que la empresa recibirá una notificación de la Consejería de Medio Ambiente donde se pone de manifiesto que se cierra el trámite administrativo y les comunicamos que ese suelo sobre el que se asienta el hotel pasa a ser propiedad de la Junta de Andalucía".
De este modo, la consejera informó de que "ya se ha culminado todo el proceso administrativo de alegaciones y de notificaciones a la empresa y hoy se firma definitivamente el derecho de retracto sobre esa finca". Seguidamente, en los próximos días la Junta convocará a la empresa para entregarle personalmente el acta de ocupación y la cuantía económica por la que se ha tasado ese suelo, que eran 2,3 millones de euros.
La Consejería espera que a partir de esta entrega "el empresario no inicie la vía de un contencioso-administrativo", aunque si fuese así, Coves aclaró que estarían en condiciones de derribar el hotel cuanto antes. No obstante, manifestó que ese sería su deseo, "pero hay que tener en cuenta también de que simultáneamente el Ministerio de Medio Ambiente debe concluir el proceso expropiatorio que inició hace algunos meses".
Así, Coves dejó claro que "la voluntad de la Junta sigue siendo el derribo del hotel cuanto antes, la restauración de la zona y volver al estado inicial la finca en la que se asienta ese hotel" porque, como dijo, "esas instalaciones no tienen cabida en un espacio protegido de ningún modo".
De otro lado, y al ser preguntada por la tardanza de la Administración autonómica en actuar sobre este asunto, la consejera explicó que "la Junta empezó a trabajar mucho antes de que una organización ecologista ocupara esa finca y de hecho simultáneamente se hizo público el anuncio de un nuevo deslinde de costas que ya estaba pactado entre la Consejería y el Ministerio de Medio Ambiente".
De este modo, justificó la tardanza en que, según dijo, "la empresa tenía un deslinde de costas que hizo el anterior gobierno del PP que nosotros pensábamos que no era el correcto y en segundo lugar porque hay un incumplimiento claro de la empresa de un artículo de la Ley de Espacios Protegidos que obliga al comprador o vendedor a notificar a la Administración medioambiental de que dentro de un espacio protegido se ha producido un cambio de titularidad en el suelo y eso no se produjo".
