TOLEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó, en su reunión de hoy, y a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, la presentación de dos recursos de carácter contencioso-administrativo contra sendas decisiones que lesionan los intereses hídricos de la región.
En concreto, se ha acordado impugnar una resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) con fecha del pasado 28 de junio, por la que se aprobaban los contratos de cesión de derechos de agua entre diversos regantes de arrozales de Hellín y Moratalla y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, para el abastecimiento al Levante.
También se ha dado luz verde a un recurso contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que autorizaba a la Mancomunidad de Canales del Taibilla a utilizar recursos hidráulicos de la cuenca del Júcar, hasta un total de 6,3 hectómetros cúbicos, para paliar el déficit de abastecimiento en determinados municipios servidos por esta Mancomunidad.
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
En materia de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el Ejecutivo autonómico ha tomado en consideración el Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, según informó la Junta.
El objetivo es actualizar la normativa regional al respecto, para prevenir, evitar o aminorar los efectos sobre el medio ambiente de determinados proyectos, planes y programas.
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