MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico contará en 2021 con los 12.307 millones de euros, de los que 6.805 millones proceden del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, lo que supone un incremento presupuestario del 132 por ciento, con los que su titular, Teresa Ribera, avanzará en la transición hacia la neutralidad climática en 2050.
Sin contar los fondos europeos, el presupuesto del MITECO sería 5.502 millones de euros que significan un incremento del 4 por ciento respecto del presupuesto actual.
Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, presentado esta semana para su tramitación parlamentaria y en cuya memoria, el Gobierno explica que con este importante incremento tiene como objetivo impulsar la transición ecológica, reactivar la actividad económica e industrial con un modelo que sea sostenible y respetuoso con los límites del planeta, apuntalar de forma masiva las energías renovables, la eficiencia y la movilidad sostenible, así como restaurar y proteger la biodiversidad, impulsar la economía circular, y garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades en todo el territorio, entre otros.
En concreto, las partidas de energía concentrarán un aumento de 5.300 millones de euros, con los que se tratará de impulsar la transición energética, la eficiencia y la movilidad sostenible.
En cuanto al presupuesto para Medio Ambiente, el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea dotará estas partidas con 1.415 millones de euros y con 2.500 millones de euros más las políticas de reto demográfico.
De las partidas, el gasto en transición energética justa e inclusiva, llega a 9.774 millones, de los que 5.390 proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De este monto, 5.300 millones se dirigirán a impulsar las energías renovables, la transición energética y la movilidad sostenible; mientras que los 90 millones restantes corresponden al Instituto de Transición Justa, que promoverá la dinamización económica, identificará oportunidades y generará empleo en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares.
Además, de estos 5.300 millones, 1.100 corresponden a movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos; 350 millones a rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en zonas en declive demográfico; 1.900 millones al desarrollo masivo de energías renovables, incluyendo renovables innovadoras como la eólica marina o el biogás, así como actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía o una estrategia específica para las islas; 750 millones a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue del almacenamiento; 600 millones al hidrógeno verde como proyecto país y los 600 millones restantes a renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado (AGE), especialmente en zonas vinculadas a reto demográfico.
Por su parte, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, contará con 422 millones de euros en el siguiente ejercicio de recursos nacionales. Por su parte, el presupuesto previsto para el Instituto para la Transición Justa (ITJ) es de 422 millones de euros, un 25,12 por ciento más que el presupuesto prorrogado de 2019 para el Instituto de Reconversión Minera del Carbón.
De esos 422 millones, 285 se destinarán al desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón, correspondiendo 140 de ellos a prejubilaciones y bajas incentivadas. Es la primera vez que en los presupuestos se incluyen ayudas a municipios afectados por el cierre de centrales térmicas y nucleares, mientras que el bono social térmico estará dotado con 109 millones.
BIODIVERSIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR
Respecto al área de medioambiente, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado contempla 2.452 millones de euros, incluidos los fondos de europeos, que alcanzan un total de 1.415 millones los correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De estos, 601 millones se emplearán en conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad, otros 500 millones se destinarán a desarrollar la economía circular; 149 millones a preservar los recursos hídricos; 144 millones a preservación del litoral y 21 millones a reforzar los recursos y capacidades en meteorología.
Las partidas, según insiste el MITECO, buscan impulsar la restauración ecológicas, incluida la recuperación de ecosistemas, zonas afectadas por la minería y medidas para el fomento de la conectividad y el reverdecimiento urbano. Las inversiones ambientales incluyen también las políticas de incendios, la gestión forestal sostenible y medidas de planificación y mejora de masas forestales.
RETO DEMOGRÁFICO, ÁREA DE NUEVA CREACIÓN
Por último, el reto demográfico se incluye por primera vez en un presupuesto propio que se destinará a la Secretaría General de Reto Demográfico, que dispondrá de una asignación de 19 millones de euros para actuaciones para desarrollar y afianzar proyectos que movilicen inversión, innovación, empleo y emprendimiento en el territorio, en coordinación con entes locales y comunidades autónomas.
No obstante, el departamento que dirige Teresa Ribera expone que el reto demográfico se abordará de manera transversal en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina más de 2.500
millones, asignados a diferentes Departamentos del Gobierno. Con este monto, se buscará reactivar la economía de áreas afectadas por la despoblación, facilitar su acceso a los servicios en iguales condiciones que en el resto del territorio, la conectividad digital del medio rural y el impulso a la vivienda y desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas prioritarias ante el reto demográfico.
Además de los 2.500 millones, el Instituto para la Transición Justa, dependiente del MITECO, prevé contar con un fondo propio de la UE de 85 millones en 2021 que tendrá impacto directo en reto demográfico.
En todos los proyectos del plan de recuperación hay un impacto en esta política, incluido un programa de rehabilitación energética y reto demográfico en municipios de menos de 5.000 habitantes que contará con un presupuesto de 350 millones para el año 2021, la extensión de la banda ancha ultrarrápida y de cobertura de banda ancha en movilidad de 30 Mbps con un presupuesto de 878 millones en los próximos tres años, el desarrollo de sistemas de saneamiento y depuradoras en poblaciones de menos de 5.000 habitantes con un presupuesto de más de 100 millones, la renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado en el ámbito de modernización de las Administraciones Públicas que cuenta con 600 millones este año.
También se incluyen otros planes relativos a sostenibilidad turística, desarrollo de agenda urbana y rural en áreas despobladas o promoción de proyectos empresariales generadores de empleo joven.
