Vertido.- La Junta seguirá con "atención" el juicio de Boliden contra las empresas y "no pierde la esperanza" en cobrar

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, dijo hoy que la Administración autonómica seguirá con "atención" el juicio que a partir de mañana comienza en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid donde Boliden Apirsa culpa a las empresas constructoras de la rotura de la balsa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998 y dijo que la Junta "no ha perdido la esperanza" en cobrar los 90 millones que reclama a la empresa en concepto de los gastos de limpieza que asumió.

"No tenemos demasiadas noticias, pero no hemos perdido la esperanza y seguiremos insistiendo ante los tribunales europeos para que se pueda conseguir que la empresa que produjo el vertido pague los gastos de limpieza", aseguró Coves a preguntas de los periodistas tras presentar un informe sobre Empleo y Medio Ambiente en Andalucía.

Para la consejera, el juicio que se inicia mañana es "muy importante" y por ello, aunque la Junta no esté directamente implicada, dijo que estará "muy atentos" a ver cómo se resuelve. En cuanto al embargo anunciado por la Consejería de los bienes que la empresa sueco-canadiense tiene en Suecia y Holanda por no depositar el aval de 90 millones, la consejera remitió el trámite a la Consejería de Economía y Hacienda.

Mañana comienza en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid el juicio para determinar la demanda contra Geocisa, Intecsa, Dragados (hoy ACS), Banco Vitalicio y Zurich, interpuesta por Boliden Apirsa, que culpa a estas empresas de la rotura el 25 de abril de 1998 de la balsa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

Según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales, este juicio se prolongará a lo largo del mes de junio hasta el día 30, ya que se admitieron numerosas pruebas y testigos, concretamente entre 14 ó 15 peritos de ambas partes, todas las empresas (seis) tendrán que declarar también y habrá otros 14 ó 15 testigos.

Boliden Apirsa demandó a Geocisa, Intecsa, Dragados (hoy ACS), Banco Vitalicio y Zurich, por considerarlas culpables del accidente de 1998 y para que hagan frente a los gastos que en su momento ocasionó la limpieza. De esta manera, ha reclamado 115 millones de euros por los daños y otros 135 millones de euros para hacer frente a la indemnización que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) habían solicitado de la empresa minera.

La rotura de la balsa provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas; la mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.

Cuanto se celebró en el mes de octubre pasado la audiencia previa al juicio de la próxima semana, Boliden aseguró que si perdía este pleito no podría indemnizar a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (GHG) por los gastos de limpieza del vertido que provocó la rotura de la balsa minera en 1998.

En esa audiencia previa, las empresas demandadas por Boliden Apirsa no aceptaron las causas del siniestro que se establecieron en el juicio penal que se celebró en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y rechazaron indemnizar a la Junta y a la CHG porque consideran que ambas instituciones han impuesto una sanción que debe pagar Boliden.