MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
WWF/Adena denunció hoy en Madrid, con motivo del Día Mundial del Agua, el creciente uso ilegal del agua en España y la "dejadez de las administraciones" en este tema "que está afectando a toda la sociedad, contribuye a la degradación del medio ambiente y reduce la cantidad de este recurso para los usuarios legales". WWF/Adena instó al Ministerio de Medio Ambiente y a las Comunidades Autónomas a que afronten este problema "con más medios cualificados e independientes para identificar a los usuarios ilegales, sancionarlos y con la implantación de más medidas" para que no se repitan estas acciones ilegales.
Según datos oficiales citados por la organización ecologista, en España existen aproximadamente 510.000 pozos ilegales, lo que implica que cada año se extraen ilegalmente al menos 3.600 hectómetros cúbicos de agua subterránea, que equivale a más del consumo medio anual de todos los habitantes de España y Portugal.
Esto significa que casi la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad. Con este agua, señala WWF/Adena, se riega, aproximadamente, la sexta parte de los cultivos de regadío en España, numerosos campos de golf y se alimenta un desarrollo urbanístico desaforado.
"Hay comunidades autónomas que estimulan los acuíferos ilegales e incluso existen sindicatos que presionan a las Comunidades para que no se multen estos pozos ilegales", señaló el responsable del Programa de Aguas Continentales de WWF/Adena, Guido Schmidt. Por esta razón, Schmidt rechaza la "amnistía general" para los pozos ilegales que el Ministerio de Medio Ambiente trata de promover a través de una propuesta de modificación de la Ley de Aguas.
En este sentido, el ecologista indicó que "esta amnistía de legalización es una llamada para que se realicen más pozos ilegales, no sería una solución", por lo que es responsabilidad de las administraciones "controlar la gestión y vigilancia del uso del agua". "Se puede controlar si se quiere", añadió.
Aunque el "robo" del agua se observa en todas las cuencas, la responsable de Política de Aguas de WWF/Adena, Lucía De Stefano, destacó los casos del Guadiana (22.000 pozos ilegales frente a 16.000 legales sólo en La Mancha), Guadalquivir (10.000 pozos ilegales) y Segura (al menos 20.000 captaciones ilegales frente a 4.500 legales; 100.000 hectáreas ilegales en regadío).
De Stefano responsabilizó a las administraciones de "no ser capaz de frenar este tipo de pozos ilegales". Igualmente, culpó a los Organismos de cuenca (dependientes de Medio Ambiente y de las CC.AA.) de "dejadez en la vigilancia y la aplicación de la Ley y de la lentitud en la tramitación de expedientes sancionadores". "No se debe permitir que algunos no puedan ampliar sus regadíos y otros sí lo hagan a través del uso ilegal del agua, su robo y usurpación y su venta en el mercado negro con grandes ventajas económicas", sentenció la ecologista.
Por último, WWF/Adena explicó sus propuestas con el objetivo de solucionar el uso ilegal del agua en España. Según De Stefano, se deben "reforzar los servicios de vigilancia para detectar pozos ilegales, elaborar 'mapas del agual legal' para saber que en las zonas sobreexplotadas por ley no se pueden dar más concesiones, sancionar los usos ilegales e impedir que se siga extrayendo agua ilícitamente con el incremento de la cuantía de las sanciones".