MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Enraizados ha recogido a través de su página web 'www.enraizados.org' más de 5.000 firmas en 48 horas pidiendo a los diputados "que voten a favor de la vida cuando se introduzcan las enmiendas" a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Además, critican que algunos diputados que "se habían manifestado en las calles" contra la ley de 2010, "hasta la fecha han callado ante la 'dictadura de la disciplina de partido', como el ministro Jorge Fernández Díaz o el diputado popular Eugenio Nasarre.
"Ahora tienen una segunda oportunidad de votar a favor de la vida del nasciturus", explica la portavoz de Enraizados. La carta se ha enviado al ministro del Interior; al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando; a Eugenio Nasarre; a la diputada del PP Rocío López; a la portavoz del grupo socialista Soraya Rodríguez; al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán José Antonio Durán i Lleida; al de Izquierda Plural, Cayo Lara; al del Grupo Parlamentario Vasco, Aitor Esteban; a la portavoz del grupo de UPyD, Rosa Díez; al de Amaiur, Rafael Larreina; y al de UPN, Carlos Salvador.
"Sería un auténtico escándalo que diputados que han acudido a manifestaciones contra la ley Aido y que han afirmado que defienden la vida, y aquellos que no se han avergonzado hasta la fecha de su condición de creyentes, voten ahora en contra de unas medidas que traten de favorecer la vida y la maternidad", apunta Moreno.
Concretamente, recuerda que diputados como "Ana Mato, Jorge Fernández Díaz, Vicente Martínez Pujalte, Rafael Larreina, José Antonio Durán, entre otros, han acudido a manifestaciones o prometido proteger la vida".
En la carta enviada a los diputados se les recuerda dos párrafos de la Encíclica 'Evangelium Vitae', en la que San Juan Pablo II explica a los políticos cuál debe ser su compromiso en la defensa de la vida.
"El derecho originario e inalienable a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto parlamentario o de la voluntad de una parte, aunque sea mayoritaria, de la población. Es el resultado nefasto de un relativismo que predomina incontrovertible: el derecho deja de ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte", explicaba Juan Pablo II en el documento.
Asimismo, proponía que "la política familiar" fuera "eje y motor de todas las políticas sociales" y "promover iniciativas sociales y legislativas capaces de garantizar condiciones de auténtica libertad en la decisión sobre la paternidad y la maternidad".