MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española ha elevado "su más contundente queja" a las autoridades europeas y húngaras, tanto por el empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua contra los migrantes concentrados en la frontera de Hungría con Serbia, como por las sanciones penales impuestas a las personas refugiadas que han cruzado esa frontera en los últimos días. Pide sanciones.
"Hoy es inconcebible que un país de la Unión vulnere manifiestamente las leyes que constituyen los pilares esenciales de la construcción europea. Si el gobierno húngaro persiste en mantener este maltrato inhumano, manifiestamente desproporcionado e ilegal, las autoridades europeas deberán imponer sanciones", dice la organización en un comunicado.
En su denuncia, recuerdan que "en ningún caso se justifica el uso de material represivo contra seres humanos que huyen de una guerra y que están al límite de sus fuerzas tras haber recorrido miles de kilómetros en condiciones infrahumanas".
"Tampoco tiene justificación alguna que las autoridades húngaras consideren el mero cruce de la frontera un delito que puede ser penado con entre uno y tres años de cárcel, y hasta con cinco años en caso de que afecte a las vallas o concertinas instaladas para frenar a las personas refugiadas", explica la Abogacía.
El presidente de la organización, Carlos Carnicer, inaugurará este viernes Curso del Consejo de Europa sobre Asilo y Convenio de Derechos Humanos, un evento promovido por la Abogacía que se celebrará en Madrid y contará con la presencia de la representante del ACNUR en España, Francesca Fritz-Prguda, para abordar esta y otras cuestiones.
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