AI busca apoyos entre los parlamentarios para que la Ley de Memoria Histórica sea modificada o retirada de tramitación

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, anunció hoy que ya ha iniciado una ronda de conversaciones con los distintos grupos parlamentarios para pedirles que recojan sus recomendaciones sobre la Ley de Memoria Histórica o que, si no es así, promuevan que se retire ésta de la tramitación. En este sentido, expresó "su preocupación" tras las reuniones que AI ya ha establecido con dirigentes de IU, PSOE y PNV, aunque asegura que insistirá en que el Gobierno "rectifique" y que, entre otras, la Ley garantice "toda la información" sobre los crímenes del Franquismo y sean retiradas las garantías de anonimato de los presuntos autores.

"Estamos teniendo reuniones con los grupos parlamentarios y ya las hemos tenido con IU, PSOE y PNV y seguimos igualmente preocupados después de las entrevistas. Les hemos explicado nuestra visión en detalle a estos tres grupos y explicaremos al resto en los próximos dos o tres días. Algunos parlamentarios nos han dicho que algunas cuestiones nos las van a permitir y otras que las hay que discutir, pero en el fondo seguimos igualmente preocupados", afirmó el director de AI.

Beltrán insistió hoy en la presentación del informe 'Víctimas de la guerra civil y el franquismo: No hay derecho' en que "si no se rectifica" el actual proyecto de Ley del Gobierno para la Recuperación de la Memoria Histórica "hay que retirarlo", porque, desde su punto de vista, el texto "tal y como está obstaculiza el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas". "Los familiares no han esperado 30 años para una ley como ésta", agregó.

LEY DE PUNTO FINAL.

"El informe que hemos elaborado refleja que caminamos hacia una Ley de 'punto final' que incluye mecanismos de impunidad hacia quienes cometieron crímenes contra los derechos humanos durante la Guerra Civil y el Franquismo. Esto significa una amnistía general encubierta sobre crímenes contra el derecho internacional, tales como torturas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil o persecución por motivos políticos, religiosos y raciales", manifestó.

A su juicio, el texto actual de la Ley "constituye un paso atrás" en la lucha por la recuperación de la memoria porque incluye mecanismos "gravísimos" de impunidad para los presuntos agresores como garantizar su anonimato o poner "obstáculos" para que sean juzgados individualmente. "Caminamos hacia una Ley de 'punto final'", aseguró. "El Estado no asume ninguna responsabilidad al dejar en manos privadas la localización de las fosas comunes".

Preguntado por si AI presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si la Ley sigue adelante con el contenido actual, Beltrán precisó que "su prioridad" a día de hoy es que el texto sea modificado. "Si esto no ocurre explicaremos a las asociaciones familiares las posibilidades legales que tienen para recurrir".

RECOMENDACIONES: COMISIÓN DE LA VERDAD.

Sin embargo, Beltrán hizo hincapié en que aún "hay tiempo" para modificar la Ley durante su tramitación en las Cortes y pidió que se tuvieran en cuenta las recomendaciones que AI ha plasmado en este último informe, porque, insistió, "si no cambia no merece la pena que continúe su tramitación". La primera es la creación de una "Comisión de la Verdad" que contribuya al "esclarecimiento de la verdad sin sustituir el derecho de las víctimas a la justicia".

La segunda es que la Ley "garantice" el acceso de los familiares de las víctimas a "iniciar procesos judiciales individualizados", como recoge el Derecho Internacional, que apuntó, "no parece existir para el Gobierno". Además, AI pide que se cree una Fiscalía especializada en las violaciones de derechos humanos "con la dotación de recursos apropiados y con un Protocolo de exhumaciones para la búsqueda, la localización e identificación de los restos mortales de las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial".

AI exige también la puesta en marcha de "medidas expresas" en relación a las víctimas de abusos por razones políticas, religiosas, raciales o por orientación sexual y para abordar el impacto de la Guerra Civil y el Franquismo en las mujeres. Por último, AI pide que se introduzca en la Ley "un procedimiento idóneo" que revise y, eventualmente, anule las sentencias condenatorias a penas mayores dictadas durante la guerra civil y el régimen franquista.

Asistió también a la rueda de prensa Hernando Valencia, experto en derecho internacional en la Universidad Carlos III, quien puso el acento en que el texto presentado por el Gobierno no cumple con los tres derechos de las víctimas que recoge la normativa internacional, como son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Además, señaló que desde la Guerra Civil hasta el final del Franquismo hubo crímenes "atroces" aún impunes y recordó que las víctimas siguen "en situación de indefensión".

En cuanto a la reparación, el profesor señaló que ésta se reduce a una "declaración personal de carácter simbólico o moral" puesto que impide la publicidad de los presuntos culpables impidiendo así "su exposición al escrutinio de la opinión pública". En materia económica, señaló que, aunque la Ley "amplía ligeramente" su cobertura en cuanto a indemnizaciones y pensiones, "no existe un criterio razonable" para su asignación.

LA VOZ DE LOS FAMILIARES.

Jesús Lagunilla, familiar del capitán Casado muerto en 1936 en Melilla, relató a los periodistas cómo en menos de 24 horas se acusó y se dictó sentencia de muerte al capitán. "Pienso que con esta Ley los familiares estamos peor que antes", aseguró al tiempo que pidió al Gobierno que plantee un texto "más satisfactorio en sentido moral y efectivo". "No hay justicia si no hay verdad. No es asumible el pasado si no se esclarece toda la verdad. Y sin asumir el pasado no hay futuro", apuntó.

Coral Pellicer, hija y sobrina de fusilados en 1942, también contó a los medios la trayectoria de su padre y tío desde que fueron acusados por delitos contra el régimen y agregó que, ante todo, pide a las autoridades que se limpie el nombre de su familia. "Quiero que le devuelvan el honor y el buen nombre a mi familia y a quienes lucharon por la República", finalizó.