MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha solicitado este jueves a las autoridades iraníes que protejan a todos los detenidos de cualquier tipo de abuso o tratamiento degradante, después de que nueve prisioneras políticas, incluyendo varias prisioneras de conciencia, hayan iniciado una huelga de hambre en protesta por presuntos abusos cometidos por guardas de prisiones.
Entre las mujeres, que están detenidas en la cárcel de Evin, en Teherán, hay activistas y periodistas. Todas ellas afirman que fueron sometidas a cacheos humillantes y degradantes por parte de mujeres guardias en la sección de seguridad, al tiempo que aseguran que les fueron confiscados objetos personales.
Las detenidas han apuntado que planean seguir adelante con la huelga de hambre hasta que reciban una disculpa formal por parte de las autoridades de la prisión, así como garantías de que incidentes similares no se repetirán en el futuro. Asimismo, han pedido que les sean devueltos sus enseres.
"Las autoridades carcelarias deben investigar las afirmaciones de estas mujeres y, si se encuentran responsables, hacer que rindan cuentas. Los estándares internacionales de Derechos Humanos establecen que todos los prisioneros están protegidos ante torturas y malos tratos", ha dicho la subdirectora de AI para Oriente Próximo y Magreb, Ann Harrison.
La abogada pro Derechos Humanos Nasrin Sotoudeh, también encarcelada en la prisión de Evin, lleva en huelga de hambre desde el 17 de octubre en protesta por el acoso de las autoridades contra su familia y las restricciones impuestas a su derecho a recibir visitas. Sobre ella pesa una prohibición de visitas de tres semanas.
Desde su detención en 2010, Sotoudeh ha estado encarcelada en aislamiento durante largos periodos y se le han restringidos los encuentros con su familia y las llamadas telefónicas. "Las autoridades han de evitar que se prohíban las visitas, al igual que cualquier otra medida de castigo contra aquellos que realizan huelgas de hambre", ha dicho Harrison.
"Las mujeres en huelga de hambre han de tener un acceso adecuado a los profesionales sanitarios y se les ha de atender en línea con la ética médica, incluyendo los principios de confidencialidad, autonomía y consentimiento. Una persona en huelga de hambre no debe carecer de todos los aspectos de su cobertura sanitaria", ha añadido.
Entre las mujeres que están llevando la protesta están Bahareh Hedayat, Zhila Bani Yaghoub, Shiva Nazar Ahari, Mahsa Amrabadi y Zhila Karamzadeh-Makvandi. "Estas mujeres están detenidas por ejercer su derecho a la expresión, asamblea y asociación de forma pacífica. No deberían estar en prisión y bajo ningún concepto deberían ser sometidas a malos tratos. Han de ser liberadas inmediata e incondicionalmente", ha apostillado Harrison.
Hedayat es una estudiante miembro de la Campaña del Millón de Firmas, que busca acabar con la discriminación contra las mujeres que contempla la legislación iraní. En la actualidad está cumpliendo una pena de cárcel de diez años "por insultar al presidente, insultar al líder y reunirse para cometer crímenes contra la seguridad nacional".
Yaghoub es una activista y periodista condenada a un año de cárcel y a la que se ha impuesto una prohibición para que ejerza su profesión durante un periodo de 30 años por "difundir propaganda contra el sistema e insultar al presidente".
Nazar Ahari es periodista y activista, miembro del Comité de Reporteros por los Derechos Humanos. Cumple condena de cuatro años por sus actividades en defensa de los Derechos Humanos. Amrabadi es también periodista, y en la actualidad cumple un año de cárcel por "difundir propaganda contra el sistema a través de entrevistas e informaciones".
Karamzadeh-Makvandi es miembro del grupo de Madres del Parque laleh, que hace campaña contra las violaciones de Derechos Humanos, los homicidios, los arrestos arbitrarios, las torturas y las desapariciones forzosas. Muchas de las miembros son mujeres cuyos hijos fueron asesinatos, detenidos o desaparecidos durante el levantamiento popular tras las elecciones presidenciales de 2009. Cumple una pena de dos años de cárcel por "fundar una organización ilegal cuyo objetivo es dañar la seguridad nacional".
