MURCIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur), teniendo conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que descarta que las Administraciones tengan obligación de subvencionar con fondos públicos a los centros que practican la segregación por sexos, exige a la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región el cumplimiento de dicha sentencia.
"Concretamente, los centros Nelva y Monteagudo, que practican dicha segregación, reciben una cantidad proveniente del erario público de casi 4 millones de euros", según informaron fuentes de esta Asociación en un comunicado.
Aidmur considera que dichas cantidades "deben emplearse en la escuela pública para minimizar el impacto de los recortes educativos que van a sufrir nuestros alumnos, sustanciados en menos becas-comedor, reducción del bono-libro, supresión de rutas de transporte escolar, menos profesorado y empeoramiento de sus condiciones de trabajo, menoscabando la atención que recibirá nuestro alumnado".
La Asociación, además, desea expresar su "perplejidad" ante las declaraciones del ministro de Educación, José Ignacio Wert, en las que "afirma tener intención de cambiar la ley para que puedan continuar subvencionando estos centros".
Recuerdan a Wert que "la educación diferenciada es propia de otros tiempos y que actualmente países como Irán la practican de manera obligatoria, por lo que no creemos que éste sea el modelo educativo a seguir, sino más bien uno basado en principios de igualdad, sin que el género sea una causa discriminatoria, como señala el artículo 14 de nuestra Constitución".
Lamentan que Wert anuncie cambios legislativos "no en base a criterios pedagógicos, algo que el ministro desconoce, sino bajo criterios de afinidad ideológico-religiosa, olvidando la aconfesionalidad del Estado".
Señalan que "en España, la mayoría de centros educativos que practican la educación diferenciada por sexo son centros vinculados al Opus Dei, que al parecer posee una gran influencia en este Gobierno y que reciben grandes cantidades provenientes de nuestros impuestos".
Todo ello, cuando la escuela pública "está siendo terriblemente atacada y minusvalorada, siendo ésta la que garantiza la igualdad de oportunidades para todos, sin tener en cuenta el origen socioeconómico de los alumnos, cosa que no ocurre en los centros citados", concluyen.
