Desde 1977, cien de los mil condenados a muerte son personas con demencias para quienes este hecho no ha sido un eximente
MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) inició hoy una campaña de denuncia y persuasión de la aplicación de la pena de muerte a personas con enfermedades mentales graves en Estados Unidos con la presentación de un informe en el que se recogen las historias de vida de 100 condenados a la pena capital afectados por diferentes demencias.
El director en España de AI, Esteban Beltrán, calificó de "vergonzoso" el que un centenar de los 1.000 condenados a muerte en Estados Unidos desde 1977 sean personas con antecedentes y síntomas de padecer una enfermedad mental grave, y que dicha circunstancia no haya sido un atenuante para la sanción de sus delitos, más aún cuando en muchos de los casos, estas personas cometieron sus crímenes tras haber solicitado ayuda sanitaria y haber obtenido una negativa de los servicios de salud.
"Estas personas están a merced de un sistema de salud demasiado lento para prestar ayuda y de un sistema de justicia demasiado rápido a la hora de dictar sentencias de muerte", criticó. En todos estos casos, "no hubo escrúpulos para condenarlos, pese a presentarse serias dudas sobre su aptitud para ser juzgados o para colaborar en su propia defensa", añadió.
Para Beltrán, la sentencia de muerte contra estos enfermos es el aspecto "más indecente y especialmente injusto" de la pena capital, porque supone "la venganza sin sentido del Estado", puesto que sobre estas personas el castigo "pierde su efecto disuasorio", al no ser capaces de comprender lo que les está sucediendo.
ESQUIZOFRÉNICOS EN EL CORREDOR DE LA MUERTE
Entre las enfermedades mentales más comunes entre los condenados en el corredor de la muerte se encuentran la esquizofrenia, el trastorno bipolar, las lesiones cerebrales o los trastornos de estrés post-traumático.
Sin embargo, en varios de los procesos judiciales que precedieron a la sentencia no se tuvieron en cuenta los antecedentes psiquiátricos que existían, o no se hicieron con rigor las correspondientes evaluaciones, con lo que los problemas mentales no fueron considerados.
En el momento de los hechos delictivos, muchos se hallaban "descontrolados" porque no estaban siendo tratados por la falta de recursos que les daban acceso a la atención, y no se medicaban. Según el psicólogo Carlos Martín Beristain, estas circunstancias "ponen en duda que el sujeto fuese consciente de los hechos", uno de los requisitos que exige la justicia norteamericana para juzgar a un sospechoso, el de la intencionalidad.
Asimismo, destacó que estas personas son "más proclives a padecer al pena de muerte" porque en los procesos judiciales, sus dificultades a la hora de realizar una evaluación de la realidad no les permiten medir las consecuencias que para sus vidas puede tener una mala defensa. Algunas de ellas deciden defenderse a sí mismas, y en un 14 por ciento de los casos no recurren la sentencia.
Uno de los casos que se recogen en el informe al respecto es el de Scott Panetti, condenado a muerte en Tejas (el estado que aglutina al 25 por ciento de los enfermos mentales sentenciados a la pena capital) en 1995 por haber matado a sus suegros. Panetti tenía un largo historial de problemas psicológicos, pero le permitieron ejercer su propia defensa vestido de cowboy y hacer interrogatorios delirantes. En la actualidad, espera su ejecución en el corredor de la muerte.
MALAS PERSPECTIVAS
AI lanzó esta campaña para intentar lograr que la enfermedad mental sea incluido como eximente de la pena de muerte, al igual que lo son la incapacidad intelectual o el hecho de ser menor de edad, aunque la encargada del informe, María del Pozo, reconoció que las perspectivas de conseguirlo "no son buenas".
Para ello, a través de la página web de la ONG se recogerán firmas para dirigirlas al Fiscal General de Estados Unidos pidiéndole la abolición de esta práctica.
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