BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
Una veintena de 'okupas' volvieron a entrar esta mañana en el edificio del número 11 del paseo Joan de Borbó, conocido como 'Miles de Viviendas', en el barrio barcelonés de la Barceloneta, tras ser desalojados el pasado martes por los Mossos d'Esquadra.
Sobre las 10 horas, varios jóvenes entraron en el edificio, que sólo estaba medio tapiado y en el que trabajaban varios operarios sacando muebles y limpiando el interior para el consorcio Port2000, que ahora gestiona el inmueble que había sido de la Guardia Civil.
Los 'okupas' apartaron las vallas metálicas y se introdujeron en el interior del edificio. Tres de ellos subieron hasta la última planta y desplegaron una pancarta en la que se podía leer 'Basta de derribos de espacios llenos de vida'.
Otros ocho, entretanto, se encadenaron entre ellos y a las rejas de ventanas de la planta baja mientras gritaban consignas como 'Este edificio es del barrio', 'Basta de especulación con la Barceloneta' o 'Port2000 expulsa a los vecinos'.
Varias personas de la Asociación de vecinos del barrio de L'Òstia --una zona de la Barceloneta-- apoyaron la acción de los jóvenes desplegando una gran pancarta con el lema 'Port2000 expulsa y derriba. 'Miles' para el barrio'.
Agentes de la Policía Portuaria presenciaron la nueva ocupación y unos minutos después acudieron varios Mossos d'Esquadra que contemplaron desde lejos la nueva ocupación, pero sin intervenir, a la espera de que el juez decidiera cómo actuar.
Sobre las 11.15 horas, los 'okupas' soltaron ellos mismos las cadenas y entraron de nuevo en la casa entre muestras de alegría, tras dar por sentado que los Mossos d'Esquadra no acudirían a desalojarles hasta contar con una nueva orden judicial.
El abogado de dos de las asociaciones que tenían su sede en 'Miles de Viviendas', Hibai Arbide, explicó que el proceso de desalojo del pasado martes estaba "lleno de irregularidades", porque el magistrado del Juzgado contencioso-administrativo número 5 de Barcelona que lo ordenó "no tenía competencias".
Arbide recordó que el edificio pertenecía originalmente a la Guardia Civil, que fue quien solicitó el desalojo y recurrió la decisión de no tramitarlo, por lo que debería haber sido la Audiencia Nacional --donde sigue el recurso-- quien emitiera la orden, y no el juzgado de Barcelona.
Por todo ello, y porque la propiedad es ahora de un consorcio con participación pública y privada, el letrado aseguró que lo más probable es que sea necesario iniciar un nuevo proceso judicial, ya que los desalojos urgentes a 24 horas de la ocupación están reservados para edificios públicos o para propiedades de las que se hará un uso inmediato.
