MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado advierte del "incesante incremento" de los casos de maltrato, tanto psíquico como físico de los hijos a sus padres y denuncia la falta de medios para hacer frente a este tipo de casos, según consta en su último informe, correspondiente al año 2005, presentado hoy.
Son numerosas las memorias que dan cuenta del incremento de estos casos y refieren dos tipos de situaciones. La primera responde al caso de hijos jóvenes que se enfrentan a sus padres negando su autoridad en el ámbito familiar y la imposibilidad de los progenitores de dar respuesta a estas situaciones de violencia, sin que la administración competente en materia de protección de menores tenga recurso para este tipo de situaciones.
Asimismo, refiere el caso de hijos con problemas de drogodependencia o alcoholismo que coaccionan de manera constante a sus padres para la obtención de medios económicos para sufragar su adicción y personas con problemas de alteraciones mentales. Estos últimos son los que causan un mayor problema porque los padres no desean una condena para el hijo sino intervención terapéutica.
Según la Fiscalía, la dificultad para atender a estas expectativas, dada la escasez de centros adecuados de asistencia, "conducen a la frustración de los padres ante el tratamiento meramente judicial. Así, se dan casos en los que la víctima, a las pocas horas de haber ido a la comisará a denunciar, comparece en el juzgado para retirar la denuncia o posteriormente se niega a declarar.
NORMAS MÍNIMAS DE DISCIPLINA EN EL HOGAR
Un importante número de expedientes de protección registrados por los fiscales afectan a menores en situación de riesgo por no respetar unas normas mínimas de disciplina en el hogar, como la falta de respeto hacia sus padres, descontrol de horarios, absentismo escolar, desmotivación, consumo de alcohol o sustancias tóxicas.
Según el informe, los padres acuden frecuentemente a las secciones de menores de las fiscalías solicitando ayuda. Sin embargo, los fiscales no tienen fácil el dar solución a estos casos. En ocasiones, como refiere la Fiscalía de Navarra, se habla con los menores tratando de hacerles ver la necesidad de cumplir con las normas y ordenar la vida, haciéndoles ver que de otro modo la intervención puede ser más estricta. En algún caso ha servido para que acudan a un especialista.
En la mayoría de los casos, la Fiscalía se dirige a los servicios sociales para que intervengan, "pese a saber que están saturados y que no siempre van a poder prestar todo el apoyo".
SITUACIONES DE RIESGO
La Fiscalía del País Vasco expone algunas situaciones de riesgo, en las que menores con medidas de protección, constantemente se fugan del centro permaneciendo ilocalizables. Estos jóvenes, comienzan a realizar estas conductas a los 12, 13 años y cometen pequeños robos y agresiones con intervención policial. "Al no pasar nada, comienza para ellos una progresión delictiva imposible de parar", advierte el informe.
La falta de medios para abordar los casos de menores que padecen problemas de conducta es el mayor problema en protección de menores por algunas fiscalías, como la de Orense, que también muestran su preocupación por el absentismo escolar (90 por ciento de los menores delincuentes). La Fiscalía de Segovia expone el absentismo en menores extranjeros en los que el desconocimiento del idioma facilita la desidia y la falta de interés para asistir a la escuela.
TEMAS LEGALES PENDIENTES
El informe señala también varios temas legales pendientes derivados de la "carencia de medios personales y materiales de todo tipo". Así muestra problemas en la fases de instrucción, como la ralentización de los expedientes por incumplimiento de los plazos, dificultad en la práctica de de determinadas diligencias de investigación, entre ellas las ruedas de reconocimiento, muchas veces imprescindibles para la identificación del autor.
También detecta problemas, como defectuosas aplicaciones informáticas, "cuando no inexistencia de ellas, lo que impide la agilización de los procedimientos", o guardias agotadoras de 24 horas. Asimismo, denuncia limitaciones de los recursos o inexistencia para la ejecución de la pena por la inexistencia de determinados recursos, como los centros de internamiento terapéutico.
De esta forma, quedan al margen otras medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad, la convivencia con otra persona o grupo educativo o la asistencia a un centro de día. Además, todas las fiscalías alertan de la saturación de los centros de internamiento
Por último, las fiscalías aplauden la futura reforma de la Ley del Menor (actualmente en trámite parlamentario) al entender que regula con mayor realismo materias como la incorporación de la medida de libertad vigilada, la sanción de las faltas, la prórroga de las medidas de privación de libertad hasta nueve mesas o la ampliación de los plazos de prescripción.