Bono.- AI no detecta una tendencia alarmante de detenciones ilegales por motivos políticos

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cree que si los detenidos no fueran militantes del PP, la sentencia sería distinta MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy no haber detectado "ninguna tendencia preocupante en España de detenciones ilegales o arbitrarias por motivos políticos" tras algunos hechos aislados "en el pasado relacionados con la situación en el País Vasco".

Así lo aseguró la responsable de campañas e investigación de la sección española de AI, Eva Suárez, al ser preguntada por Europa Press sobre la condena a entre tres y cinco años de prisión a los tres policías que participaron en la detención ilegal de dos militantes del PP que acudieron a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el 22 de enero de 2005. En aquella ocasión, el ex ministro de Defensa José Bono fue víctima de las actitudes agresivas de algunos manifestantes.

Suárez aclaró que sobre este caso concreto AI no tenía nada que decir ya que no lo han investigado y además, se encuentra todavía en manos de la justicia porque se ha anunciado que será recurrida.

ALERTA DE ARRESTOS ARBITRARIOS DE INMIGRANTES

AI-España sí está preocupada, subrayó Suárez, "con la tendencia y el patrón de detenciones ilegales y arbitrarias relacionadas con abusos de autoridad por parte de agentes de la Policía" hacia "personas de aspecto extranjero", en muchos casos de "inmigrantes indocumentados", "con el fin de hostigarlas o maltratarlas".

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) denunció que las "actuaciones ilegales" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se producen habitualmente y sin embargo no existen condenas" como la dictada ayer por la Audiencia Provincial de Madrid sobre el 'caso Bono'.

En un comunicado, la asociación se preguntó "si de verdad existiría una condena si los denunciantes no hubieran sido de un partido político de los considerados mayoritarios".

En este sentido, coincidió con AI en subrayar que las personas que son más vulnerables a estas actuaciones ilegales son los excluidos sociales, los procedentes de "un ambiente marginal" y los "inmigrantes", colectivos de los que aseguró que sus denuncias "no valen de nada".

Para argumentar que las actuaciones ilegales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son hechos aislados, la APDH-A indicó en la misma nota que entre los años 2001-2004 se dictaron 123 sentencias condenatorias que afectaron a 202 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con Andalucía y Madrid a la cabeza del número de sentencias condenatorias.

Sin embargo, subrayó que son muchas más las denuncias contra los citados cuerpos que son archivadas en su mayoría por falta de pruebas como la "falta de grabación en determinadas dependencias". Con el fin de evitar que los posibles abusos queden impunes, pide a los tres poderes que creen y apliquen un plan para defender a los ciudadanos de posibles abusos por parte de quienes precisamente tendrían que evitarlos.