Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo
BRUSELAS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha sometido a consulta pública una revisión de las directrices para ayudar a las plataformas digitales a detectar y frenar intentos de injerencia en procesos electorales en los países de la Unión Europea, a la luz de la "sofisticación" de unas amenazas que no dejan de evolucionar y que cuentan con nuevas herramientas gracias a tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA).
En el marco de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA), las plataformas de muy gran tamaño (VLOP, por sus siglas en inglés) y los motores de búsqueda de gran tamaño (VLOSE) cuentan desde 2024 con unas orientaciones para camapañas electorales que son de aplicación, por ejemplo, de cara a los comicios que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre en España y que aclaran a las tecnológicas cómo evaluar y mitigar riesgos sistémicos.
Sin embargo, fuentes comunitarias admiten que hay una "evolución constante" en los riesgos y por ello Bruselas quiere revisar las directrices de modo que se puedan pedir "medidas suplementarias" como, por ejemplo, para detectar cuando múltiples cuentas están en realidad ligadas para actuar de manera coordinada.
Los riesgos son "cada vez más sofisticados", insisten las fuentes, que al mismo tiempo ponen en valor la colaboración de las plataformas con las autoridades nacionales en una veintena de procesos electorales observados en los últimos años.
De este modo, sostienen, prácticas que fueron "vectores de riego" en elecciones pasadas, como anuncios encubiertos que simulan información periodística o la manipulación del algoritmo por la actividad de 'bots' aunque siguen estando presentes lo hacen de manera "mucho más atenuada".
En todo caso, la revisión que plantea el Ejecutivo comunitario se someterá ahora a la consulta pública de los grupos de interés que deseen aportar opiniones hasta el próximo 23 de noviembre, momento a partir del cual Bruselas evaluará las contribuciones y valorará su incoporación definitiva a una reforma que por el momento es aún un borrador.
El artículo 35 de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) exige que las plataformas evalúen y mitiguen los riesgos sistémicos para la integridad electoral, al tiempo que salvaguardan los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de información.
La actualización propuesta se basa tanto en valorar las medidas eficaces y las que no de la propia DSA, como el alcance del Código de Conducta sobre Desinformación y en ella pide cambios para detectar mejor los riesgos de manipulación, reforzar la seguridad de los sistemas de recomendación y adaptar el marco al escenario cambiante por el peso de la IA en las redes.
