Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, Inclusión, Elma Saiz, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press
Afirma que "próximamente" llevarán al Consejo de Ministros en segunda vuelta la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha animado a "dar su mejor versión" a los altos cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid llamados a declarar por los protocolos de no derivación a hospitales durante el Covid-19, para "salvaguardar el derecho a la verdad" de "las 7.291 víctimas" que fallecieron en las residencias durante los primeros meses de la pandemia.
"Hace unas semanas que la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo estas declaraciones en las que animaba a dar su mejor versión a jueces y periodistas, yo les confieso que todavía no he entendido qué quiere decir exactamente esa declaración, pero sí me gustaría animar a dar su mejor versión a los altos cargos de su gobierno que han sido llamados a declarar en esa causa porque las 7.291 víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid y sus familias se merecen que se salvaguarde el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación", ha subrayado Bustinduy, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, ha añadido que desde el Gobierno tienen "un deber" de "mejorar las condiciones de vida de las personas que están institucionalizadas en una residencia", después de "aquella experiencia tan traumática y tan dolorosa para el conjunto de la ciudadanía".
Para ello, ha destacado que están "transformando" el sistema de provisión de cuidados de larga duración y ha avanzado que "próximamente" llevarán al Consejo de Ministros en segunda vuelta la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia "que va a cambiar ese modelo".
Asimismo, ha recordado que la semana pasada iniciaron el trámite de un real decreto para "garantizar el derecho a una alimentación saludable, digna y nutritiva en los hospitales y en las residencias".