MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pedirá al Gobierno una prórroga para poder invertir más tiempo del inicialmente estipulado en la realización de su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue aprobado el pasado 13 de mayo por el Consejo de Ministros.
La solicitud de esta prórroga, a propuesta de la Comisión de Estudios e Informes, cuyos cinco vocales son los que deben elaborar el dictamen, será acordada previsiblemente mañana en la Comisión Permanente del órgano de Gobierno de los Jueces. La petición se produce al estimar los vocales qeu no tendrán suficiente con el mes de plazo que la Ley concede al Consejo para elaborar sus informes preceptivos, aunque no vinculantes, a los Anteproyectos de Ley.
El texto sobre la modificación de los supuestos legales para la interrupción voluntaria del embarazo entró en el órgano de gobierno de los jueces el pasado 25 de mayo, pero el Consejo cree que para ultimar su dictamen precisará de más tiempo, y así se lo hará saber al Ministerio de Justicia.
La norma prevé incialmente que la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, explicó con ocasión de la presentación del Anteproyecto que, de manera excepcional y hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
Por otra parte, la Comisión Permanente del CGPJ pedirá también prórroga para informar sobre la modificación del Real Decreto que establece las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, así como medidas de seguridad y suspensión de la ejecución de las penas de prisión. Este proyecto llegó al órgano de gobierno de los jueces el pasado 19 de mayo.
