MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de este martes decidirá si toma en consideración una proposición de Ley de CiU, que tiene por objetivo modificar la actual normativa de Tráfico, de cara a ceder competencias a las comunidades autónomas que ya tramitan procedimientos sancionadores por infracciones de tráfico y puedan también imponer la retirada del permiso de conducir cuando así proceda, una competencia que ahora ostenta sólo el Estado.
Este texto se debatirá en la última sesión plenaria de esta legislatura, con lo que, aunque sea tomada en consideración, decaerá el próximo 26 de septiembre, momento en el que se disuelven las Cortes para las próximas elecciones del 20 de noviembre.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, será defendida por el portavoz de CiU en materia de Tráfico en el Congreso, el diputado Jordi Jané, quien explica que en la actualidad hay comunidades autónomas con competencia en materia de tráfico, que son las responsables de tramitar y resolver los procedimientos sancionadores.
No obstante, destaca que, en caso de que una sanción lleve aparejada la retirada del carné, o si se ha producido una reiteración de sanciones que conlleve la pérdida de todo el crédito de puntos, entonces es necesaria la intervención de la Administración General del Estado.
En el caso concreto de Cataluña, Jané apunta que el Servei Català de Trànsit es el competente en el desarrollo de cursos de recuperación puntos, pero es la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, quien tramita y ejecuta la retirada de este permiso.
"Este sistema comporta una falta de eficiencia en la tramitación de los procedimientos sancionadores y hace que su resolución sea más lenta", señala el diputado de CiU, quien considera que esta situación se resolvería cediendo a las comunidades autónomas que ya son competentes en materia de tráfico, la capacidad de retirar el carné de conducir.
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS
Precisamente, en 1997 se aprobó la Ley Orgánica de Transferencia de Competencias Ejecutivas en Materia de Tráfico y Circulación de vehículos a Motor a Cataluña, por la que se le transferían las facultades de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
Sin embargo, la comunidad autónoma estaba exenta tanto de las facultades de expedir, revisar y canjear los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores, así como su anulación, intervención, revocación y en su caso suspensión; como de la matriculación y la expedición de los permisos o licencias de circulación, así como de su anulación, intervención y revocación.
