La Comisión de Ayuda al Refugiado pide a los partidos no "alarmar" con la llegada de 'sin papeles'

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) terció hoy en el debate sobre los traslados de inmigrantes 'sin papeles' a la Península para descongestionar los centros de internamiento de Canarias, para pedir a los partidos políticos que eviten crear "alarma social" con esta cuestión. En este contexto, varias comunidades autónomas han pedido al Gobierno reuniones para coordinar los traslados, mientras en Cataluña arrecia la polémica sobre la llegada de 'sin papeles' por vía aérea sin previo aviso a la Generalitat.

En un comunicado, CEAR explicó que los traslados de inmigrantes desde Canarias obedecen a que en la Península existe un mayor número de recurso para atenderlas, tanto públicos como de ONG's. Este programa también se justifica --agregó-- por la imposibilidad de expulsarlas o devolverlas a sus países de origen, bien por la inexistencia de acuerdos bilaterales o por razones humanitarias. Esta organización, que participa en el dispositivo de apoyo a los trasladados, rechaza que España sufra una "avalancha" de irregulares, ya que se trata de un país de 44 millones de habitantes, y muchos van camino de otras naciones europeas. Por ello, CEAR pide a las "fuerzas políticas y sociales que hagan un ejercicio de responsabilidad, eviten crear alarma social y renuncien a "manipular la tragedia de unos seres humanos".

Asimismo, el secretario general de CEAR, Enrique Santiago, dijo que todas las comunidades están avisadas de los traslados, que es "falso" que existan criterios políticos para llevar a los irregulares a comunidades según el signo político del gobierno autonómico, y que sólo depende de la posibilidad de acogida de las ONG's que participan en el programa de traslados. Santiago reclamó que se aplique la Ley de Extranjería consensuada en su día por PSOE y PP y se documente a los inmigrantes irregulares trasladados, en atención a la situación humanitaria excepcional que se ha planteado. "Se trata de un número reducido que no podría entenderse como un nuevo proceso de regularización, y se evitaría una marginalización a la que quedan condenados por su situación administrativa actual", explicó a OTR/Press.

En este contexto, los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, han pedido al Gobierno reuniones para coordinar los traslados. El vicepresidente del Consell Valenciano, Víctor Campos, ha anunciado que pedirá al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la convocatoria urgente

de una reunión entre Gobierno central, CCAA y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "para abordar soluciones a la inmigración ilegal analizándola desde una perspectiva integral".

En Madrid, la consejera de Asuntos Sociales, Lucía Figar, declaró que sólo reciben aviso de una parte de los trasladados, los que llegan a través de ONG's, pero no de los contingentes que van a parara a los centros del Ministerio del Interior. En total, solo han sido informados de 2.800 de los 6.500 trasladados desde Canarias, más de la mitad de los traslados a la Península.

INVESTIGACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CATALÁN

En Cataluña, la polémica por el envío de un contingente desde Las Palmas a Barcelona en avión al parecer, sin previo aviso, ha motivado la apertura de una investigación por el Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo), que pretende no sólo conocer lo sucedido sino saber "cómo se efectúan estos traslados generalmente" y concluir si se necesita una "revisión de los protocolos" que rigen dichas actuaciones "para que no vuelvan a suceder estos hechos".

Además, el presidente del Parlament, Ernest Benach, ha propuesto un debate monográfico sobre inmigración en el Parlament, una vez se constituya tras las próximas elecciones catalanas. "Es una cuestión que nos e aborda seriamente y que es un polvorín, y algún día alguien prenderá fuego y todos resultaremos dañados". El portavoz de CiU, Felip Puig, fue más allá y reclamó al gobierno e la Generalitat que "se imponga" ante el Ejecutivo Central y ante el delegado del Gobierno, "en vez de lamentarse" por el envío de inmigrantes sin aviso previo. Finalmente, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, reclamó las competencias sobre inmigración que el Estatut perdió durante su tramitación en el Congreso.

Al respecto, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, explicó que se van a poner en marcha "todos los mecanismos" para coordinar adecuadamente los traslados, y no empeñar el "buen resultado" de este programa que se viene ejecutando desde 2005.