La Comisión Europea estudiará la iniciativa europea que pide preservar videojuegos tras el cierre de servidores

Tras recibir más un millón de firmas, Bruselas dará su valoración de la propuesta 'Stop Destroying Videogames'

Archivo - PS5, PlayStation 5.
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Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 26 enero 2026 15:19

BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea examinará la iniciativa ciudadana europea denominada 'Stop Destroying Videogames' (Alto a la destrucción de los videojuegos), después de que este lunes los organizaciones hayan presentado más de un millón de firmas de ciudadanos de Estados miembro de la UE.

La iniciativa reclama a la UE una regulación para obligar a los estudios de videojuegos a que ofrezcan formas de preservar sus títulos tras el cierre de servidores para que se puedan seguir jugando, apelando a la protección de los derechos de los consumidores.

De esta forma se quiere resolver un problema que afecta a la industria actual de los videojuegos: la "obsolescencia planificada" que, si bien no pone "una fecha de caducidad declarada", aboca a los juegos a desaparecer, sin posibilidad de seguir jugándose ni de preservarse, cuando se cierran los servidores donde se alojan, según se lee en un comunicado de los organizadores.

Actualmente los distribuidores pueden dar marcha atrás al estado funcional de sus videojuegos apelando a que lo que realmente adquieren los usuarios con su compra no es la propiedad del producto digital, sino una licencia de uso. Por ese motivo, en cualquier momento el videojuego puede dejar de estar disponible para su descarga o para su uso en la nube.

Tras su registro en junio de 2024, la iniciativa obtuvo 1.294.188 declaraciones de apoyo validadas, superando los umbrales requeridos en 24 Estados miembro, lo que la convierte en la decimocuarta iniciativa válida que será examinada por la Comisión.

Según el reglamento que regula la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), cuando la Comisión recibe una iniciativa válida con al menos un millón de declaraciones de apoyo certificadas, está obligada a iniciar un proceso de examen y a emitir una respuesta en un plazo de seis meses.

La Comisión tiene ahora hasta el 27 de julio de 2026 para presentar su respuesta oficial, en la que expondrá las medidas que se propone adoptar, si las hubiera. También mantendrá una reunión con los organizadores de la iniciativa para debatirla en detalle durante las próximas semanas.

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