La comunidad educativa, dividida por la propuesta del Congreso de retirar este símbolo de los colegios

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de padres, patronales y representantes del profesorado expresaron hoy posturas contrarias ante la proposición no de ley aprobada ayer en el Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno a que cumpla la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y se retiren de los crucifijos en todos los centros escolares.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, aseguró que la medida es "totalmente inoportuna" porque actualmente la presencia de símbolos no supone un problema en la enseñanza. "En su momento ya se retiraron en los centros que lo pidieron", recordó. En su opinión, el texto aprobado constituye "una nueva muestra de intolerancia".

Asimismo, denunció que se trata de una norma "legalmente inviable", ya que "no puede extenderse a los centros confesionales". "Nosotros tenemos un proyecto educativo que eligen los padres libremente y en el que los símbolos religiosos son imprescindibles", subrayó De Castro, quien recordó que los crucifijos "forman parte de la tradición cultural, por lo que no violan la libertad de nadie".

Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), solicitaron que se respete la exhibición de los símbolos religiosos en los centros no estatales ya que, de lo contrario, "se estaría atentando contra el carácter propio de los mismos, amparado en el artículo 27 de nuestra Constitución". Además, indicaron que iniciativas como ésta parecen "maniobras de distracción" para desviar el interés público de "cuestiones tan importantes como el fracaso escolar".

El presidente de la Confederación Española de Padres Católicos, Luis Carbonel, denunció que esta iniciativa se asienta sobre "una verdad a medias" porque la sentencia del tribunal europeo ha sido recurrida. Asimismo, expresó que la propuesta parlamentaria supone un "ataque frontal" a los derechos y libertades de los padres ante la "imposición de esta ideología laicista del Gobierno". "El crucifijo no obliga a nadie y forma parte de la identidad cultural de toda Europa", defendió.

En la misma línea, la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), Mercedes Coloma, lamentó que no se haya "dado voz" al colectivo de padres para expresarse sobre este asunto. Sin embargo, manifestó su "confianza" en que las autoridades educativas les garanticen la decisión sobre la formación de sus hijos, "sin ningún tipo de intervención estatal". "Deberían ser los consejos escolares los que tengan la última palabra sobre los crucifijos", añadió.

"UNA RÉMORA DEL PASADO"

"Los crucifijos constituyen una rémora del pasado que hay que quitar", señaló el presidente de la asociación laica de padres CEAPA, Pedro Rascón, para añadir que valora la propuesta aprobada ayer en la Cámara baja porque, a su juicio, los espacios públicos "deben estar libres de los símbolos que puedan interferir en la libertad de las personas". Rascón indicó, además, que en la actualidad, cuando se abre un centro nuevo, "no se ponen crucifijos" porque estos "proceden de un tiempo pasado".

El secretario general de FETE-UGT, Carlos López, también se mostró de acuerdo con la medida por considerar que los colegios y escuelas "deben ser foros de tolerancia y respeto en los que se manifieste la multiculturalidad de la sociedad" y aseguró que "hoy en día, alrededor del 15 por ciento de los alumnos son inmigrantes". No obstante, reconoció que en los centros de ideario confesional, los padres ya conocen de antemano el proyecto educativo.