MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con 189 votos a favor y 132 en contra, por parte del PP, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que se remite al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria. En este último paso antes de enviarla a la Cámara Alta, se introdujeron cuatro enmiendas transaccionales y una decena parciales presentadas por los grupos parlamentarios, que mantienen vivas para el Senado algunas de sus propuestas.
Entre las modificaciones aprobadas en el Pleno en la Cámara Baja, destaca la incluida mediante una enmienda transaccional a propuesta de IU-ICV, por la que se incluyen las condiciones socioeconómicas "u otros factores" para asegurar la igualdad en el acceso a las becas y ayudas al estudio "en todo el territorio", que el Gobierno determinará con carácter básico "sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las comunidades autónomas".
"El Gobierno determinará con carácter básico las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y cuantos requisitos, condiciones socioeconómicas u otros factores sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas en todo el territorio, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las comunidades autónoma", dice ahora la reforma.
Sin embargo, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, defendió que el modelo de becas debe basarse en el principio "fundamental" de que las "disfrutan individuos concretos y no territorios concretos". "La política de becas, que es una competencia del Estado, tiene que ser una política que garantice la igualdad de acceso de todos los estudiantes de cualquier comunidad autónoma a esas becas y en esa línea vamos a trabajar", dijo.
Así, el Gobierno trabaja en el diseño de un real decreto para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2001 sobre la gestión de las becas, que --según especificó Cabrera-- se pretende tener listo "lo antes posible". En todo caso, la titular del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) entiende que hoy es un "momento importante" para la Universidad por la aprobación de la reforma tras un "intenso y enriquecedor" debate.
Asimismo, en este último trámite del proyecto de reforma universitaria del Pleno del Congreso antes de su envío al Senado se incluyeron también otras modificaciones, entre las que destaca que no se computará como profesorado contratado a quienes no impartan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales así como al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la Universidad.
Durante el debate en el Pleno, el PP insistió en denunciar una "devaluación" de los cuerpos docentes por el nuevo modelo de acreditación del profesorado funcionario, hecho "sobre papeles y sin pruebas públicas competitivas", encaminando a la Universidad hacia un "mercado de las acreditaciones", así como la "muy imprudente, engañosa y perturbadora" regulación de los títulos oficiales. Su portavoz educativo, Eugenio Nasarre, justificó el voto en contra como "compromiso" con los que "luchan" con una Universidad abierta y para devolver la "esperanza" al sistema.
Por contra, la portavoz del PSOE, Montserrat Palma, valoró el trabajo "intenso, interesante y fructífero" de los grupos parlamentarios dando como fruto un texto "mucho más complejo, matizado, enriquecido y mejor" en el que "todos y cada uno" se ven reconocidos "en mayor o menor medida". En esta línea, IU-ICV se congratuló de identificarse con muchos de los cambios pero ve insuficiente limitarse a "devolver la normalidad" a la Universidad, pidiendo no dejar pendientes cuestiones como el modelo de financiación universitaria.
Por su parte, los grupos nacionalistas, principalmente CiU y PNV, celebraron los anuncios del Gobierno de retirar los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las leyes universitarias de Cataluña y País Vasco, así como el reconocimiento de la pluralidad lingüística de España en texto de reforma. A pesar de subrayar el "avance tímido" --como dijo ERC--, resaltaron su intención de continuar avanzando en sus sugerencias en el trámite del Senado, por ejemplo en materia de profesorado y cuestiones competenciales.
48 TRANSACCIONES EN COMISIÓN
Además de los cambios de hoy, en el paso de la normativa por la Comisión de Educación y Ciencia se introdujeron diversas enmiendas, entre las que destacan las 48 transaccionales que obtuvieron luz verde (cuatro por unanimidad), como la que fija un plazo máximo de cuatro años para que las universidades adapten sus estatutos a la reforma. A las comunidades autónomas, se les reclamará informe previo para que el Ejecutivo establezca el procedimiento de admisión de alumnos y velar por que éste sea "general, objetivo y universal".
Por otra parte, se garantiza la autonomía universitaria en el diseño de los títulos oficiales, que deberán contar con autorización de las comunidades autónomas. En el futuro registro de universidades, centros y títulos que crea esta reforma podrán inscribirse además de los títulos oficiales otros títulos que expidan las universidades, tal y como queda el texto, al que se presentaron 433 enmiendas parciales.
A petición de los grupos nacionalistas, que reclamaban tener en cuenta el conocimiento de lenguas oficiales como requisito para el acceso de los alumnos a la Universidad o de los profesores a la función pública, se decidió establecer que los poderes públicos y las universidades establecerán mecanismos para "favorecer" el conocimiento de las lenguas cooficiales "en los procesos de acogida" de los diferentes miembros de la comunidad universitaria.
Asimismo, se ha enriquecido la norma para integrar el sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), incluyendo un nuevo título para la adaptación de las enseñanzas, los títulos oficiales y la movilidad de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios (PAS).
CONFERENCIA DE POLÍTICA UNIVERSITARIA PARA LAS CC.AA.
En general, las principales novedades del proyecto de reforma de la LOU aprobado hoy son que el rector será elegido por el Claustro o por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, según indiquen los estatutos de cada universidad. Además, la coordinación del sistema universitario se realizará mediante dos órganos: la nueva Conferencia General de Política Universitaria y el modificado Consejo de Universidades.
También se cambia el modelo de habilitación del profesorado funcionario por otro de acreditación que, valorando los méritos y competencias de los aspirantes, se llevará a cabo mediante el examen y juicio sobre la documentación presentada por los solicitantes por comisiones para la posterior selección de los candidatos por las universidades; y se regulará la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de acuerdo con las previsiones de la Ley de Agencias Estatales.
Además de la obligación de aprobar en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la reforma universitaria un Estatuto del personal docente o investigador, para los alumnos esta ley prevé la elaboración de un estatuto y la creación del consejo de estudiantes universitarios, con el fin de articular su participación en el sistema universitario.