MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono para establecer el marco jurídico necesario capaz de desarrollar esta tecnología con el objetivo de contribuir en la lucha contra el cambio climático.
Esta legislación también tiene como objetivo incorporar al ordenamiento jurídico español las disposiciones contenidas en la Directiva europea (Directiva 2009/31/CE), adaptándolas a la realidad industrial, geológica y energética de España y estableciendo una base jurídica para que se realice "en condiciones seguras" para el medio ambiente.
En el marco de la Unión Europea, España adoptó el Paquete de Energía y Cambio Climático que fija el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento en 2020, compromiso que se elevaría hasta un 30 por ciento en caso de que se alcance un acuerdo internacional equitativo en este sentido.
Así, entre las opciones para alcanzar estos objetivos, la UE apuesta por la captura y almacenamiento geológico de carbono como "una tecnología de transición que contribuirá a mitigar el cambio climático". En este sentido, estima que la aplicación de esta tecnología podría evitar en 2030 emisiones que representan aproximadamente el 15 por ciento de las reducciones exigidas en el ámbito de la Unión.
REGULACIÓN
La nueva normativa regulará el permiso de investigación para poder realizar una exploración y determinar la capacidad de almacenamiento de un lugar determinado. Además, normalizará la concesión de almacenamiento por lo que su titular tendrá derecho exclusivo a almacenar CO2 en un lugar determinado; y el funcionamiento del lugar de almacenamiento.
También se regulará el cierre del lugar de almacenamiento --ya que una vez cerrado, el titular está obligado a sellar el lugar y retirar las instalaciones de inyección, y a seguir supervisando el lugar de almacenamiento de acuerdo con un plan de gestión posterior al cierre-- y la transferencia de responsabilidad.
La aplicación de esta regulación será compartida entre los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y Comercio y las Comunidades Autónomas.
