(Esta noticia sustituye a la anterior del mismo tema por una errata. Disculpen las molestias)
El número de mujeres inmigrantes que sufren agresiones sexuales es nueve veces superior al de casos contra mujeres españolas
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y la futura Policía Autonómica carecen de protocolos en los que se indique cómo actuar ante casos de violencia sexual, según aseguró hoy ante los medios el coordinador de Amnistía Internacional en Tenerife, Fernando Fuentes, quien presentó el último informe de esta ONG sobre 'Violencia sexual y trata de personas'.
Fernando Fuentes quiso dejar claro que la preocupación del Ejecutivo canario en relación a la violencia sexual es "ninguna", ya que "no cuenta con ningún plan en marcha para combatir este drama social y el último data del año 2006". No obstante, admitió que el Cabildo de Tenerife sí cuenta con un plan relativo a igualdad y violencia sexual; de hecho, apuntó, la Corporación Insular ha celebrado diversos cursos a este respecto.
En consecuencia, el coordinador de Amnistía Internacional en la isla exigió al Gobierno de Canarias que elabore un plan contra la violencia sexual y la trata de personas a nivel autonómico, ya que a esta ONG, según indicó, "no le consta que el Ejecutivo vaya a hacer ni una cosa ni otra, de manera que no se podrá poner solución a un problema para el que no existe un protocolo específico de actuación".
Asimismo, Fernando Fuentes reconoció que la Consejería regional de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha implementado un protocolo de actuación a nivel sanitario, pero insistió en que existen centros de salud en los que aún no está implantado, "por lo que el personal sanitario no sabe cómo actuar cuando les llega una persona que ha sufrido una agresión sexual".
"NUEVE VECES MÁS"
Por otro lado, en función al informe elaborado por esta ONG, se ha detectado que la Ley Integral contra la Violencia de Género "no ha generado un freno a este problema, sino todo lo contrario ya que se ha incrementado". De hecho, Fernando Fuentes recalcó que el número de mujeres inmigrantes que han sufrido agresiones sexuales "es nueve veces superior al que se produce contra mujeres españolas".
De igual forma, el coordinador de Amnistía Internacional subrayó que la Ley Integral contra los casos de violencia machista "tampoco está implantado en Canarias como debería, donde, además, existen desigualdades de trato en función a las islas", ya que si se consulta la web de la Consejería de Bienestar Social "dice expresamente que todas las islas tienen centros de acogida temporal a excepción de El Hierro".
En este sentido, Fernando Fuentes recordó que un centro de acogida temporal es un lugar al que acude la mujer que es víctima de violencia de género, que puede ser un centro de atención permanente o de atención inmediata; sin embargo, remarcó, "en El Hierro no existe ningún centro de este tipo, por lo que la atención a la víctima se debe tramitar en otra isla, de manera que la protección que se le da a una herreña no es igual a la que se da en otras islas". Además, dijo que "tampoco está tan claro" a qué número se ha de llamar cuando se producen estos casos, ya que unos optan por el 112 y otros por el 016 del Ministerio, que también facilita algunos número de atención de diversas Comunidades Autónomas.
MUJERES INMIGRANTES Y MENORES
En alusión al informe elaborado por Amnistía Internacional, en él se informa sobre víctimas de violencia sexual de las que no se habla normalmente: mujeres inmigrantes y niñas, que en Canarias, explicó Fernando Fuentes, "no son considerados de forma específica dentro de los planes contra la violencia machista". "Por lo tanto, en el caso de los menores sucede que tienen mayores dificultades para acceder a cualquier tipo de recurso porque no saben cómo moverse; porque esta agresión es ejercida por una autoridad paterna; o porque es ejercida en instituciones de las que dependen los menores", expuso el coordinador de la ONG.
Además, desde el punto de vista jurídico, incidió en que los casos de agresiones sexuales a menores se resuelven en la mayoría de los casos con indemnizaciones que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros, no hay separación física entre el agresor y el agredido durante la celebración del juicio e, incluso, no se le retira la patria potestad al agresor.
Respecto a las mujeres inmigrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país, Fernando Fuentes aseguró que se detectado un caso de agresión sexual en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) por parte del personal que tiene que custodiar a estas personas. En concreto, el coordinador de Amnistía detalló que se han detectado varios casos de los que uno de ellos ha sido documentado en el informe de la ONG; no obstante, apuntó que en los CIES canarios no tienen documentado ningún caso.
Por último, el coordinador de Amnistía Internacional señaló que también tienen documentados varios casos de mujeres inmigrantes que han sido expulsadas del país pese a haber denunciado un caso de violencia de género. En relación a este asunto, aclaró que en el 60 por ciento de los casos son denuncias falsas con la intención de quedarse en España; sin embargo, cuando son sucesos reales, al mismo tiempo que se abre el expediente por la agresión sexual, se abre otro expediente como consecuencia de su situación irregular en el país, que en la mayoría de los casos suele prosperar con mayor rapidez, lo que provoca que la víctima sea expulsada a pesar de haber presentado una denuncia por agresión.
