Gabilondo escuchó las razones del padre del alumno y requirió información a Catuluña cuya respuesta considera "notablemente insuficiente"
MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo considera que las autoridades competentes deberían adoptar las medidas precisas para la protección del menor de Canet de Mar (Barcelona), "en el marco del debido respeto y la protección de la pluralidad lingüística española".
Así lo indica en su Informe anual, correspondiente a 2021, que ha entregado este viernes 18 de marzo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en referencia a la petición realizada en el presente curso académico, por una familia de la ciudad de Canet de Mar (Barcelona), que solicitaba para su hijo al menos el 25% del tiempo lectivo escolar en lengua castellana, petición avalada tras la adquisición de firmeza de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el pasado 16 de diciembre de 2021.
"Nos sentimos preocupados por la posibilidad de que fuera un niño que hubiera estado señalado o acosado, no considerado en su libertad como actuación o de su familia", ha explicado Gabilondo en rueda de prensa en el Congreso revalando que recibieron a su padre con "discreción" para escuchar sus razones.
La sentencia del TSJC exige al Departamento de Educación catalán adoptar las medidas que sean necesarias a los efectos de garantizar que en las enseñanzas del sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales, en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso.
"El ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y más aún cuando este tiene el respaldo de una sentencia judicial firme, no debiera generar ningún perjuicio a quienes lo insten", opina la institución. "Y muy especialmente cuando la situación de presión social y mediática afecta a un menor en su entorno escolar y familiar, por las consecuencias que ello puede tener en su desarrollo y bienestar personal", añade.
En este caso, el Defensor inició de oficio, el 23 de diciembre, una actuación informativa ante el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, al objeto de conocer las medidas que se hubieran adoptado por parte de esa Administración para la efectiva protección del menor y su familia, singularmente en el ámbito docente y educativo, así como los términos en los que se hubiera acordado el ejercicio del derecho instado, en aplicación de la legalidad y la jurisprudencia en materia de utilización de lenguas vehiculares en la enseñanza, tanto en este concreto supuesto como en otros similares que se hubieran planteado en su ámbito competencial.
"Nos dirigimos a la Consejería de la Generalitat para preguntarle en qué situación había sido atendido ese o esa alumna, si tenían percepción de que había sido realmente acosado", ha comentado Gabilondo afirmando que han vuelto a escribir a la Generalitat para insistir en el asunto y "de paso" decir que "hay que cumplir la ley y las sentencias al respecto".
La institución recoge en su Informe que el Departamento de Educación de la Generalitat "se limitó a informar de que no tenía constancia de ninguna acción o situación en el entorno educativo que hubiera alterado la convivencia en la comunidad educativa del centro en el que el que se formalizó la solicitud".
Esto contrastaba, según la institución, con las "numerosas informaciones" publicadas sobre este asunto y resultaba "notoriamente insuficiente", pues no daba respuesta ni a lo demandado sobre los términos en que se hubiera atendido la solicitud ni las medidas acordadas en este caso y en otros similares.
INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPIMIENTO DEL 25% DEL CASTELLANO
Sobre si el Defensor tiene prevista alguna actuación en caso de que la Generalitat decida no cumplir la sentencia del TSJC, ha señalado que las "oraciones condicionales" son complicadas y que mientras el caso está abierto han solicitado información. "Esperamos recibir más respuesta", ha añadido sin adelantar qué haran en caso de que Cataluña no cumpla la sentencia.
En todo caso, como ya informó el pasado mes de diciembre, en su informe el Defensor señala que ha requerido información sobre las medidas normativas y organizativas previstas para el cumplimiento de la sentencia del TSJC, actuaciones de las que se dará cuenta a las Cortes Generales en el informe que debe presentar en relación con la gestión efectuada en el ejercicio 2022.
