Defensor Pueblo Andaluz dice que en la situación actual "no se puede trabajar en el urbanismo" y pide reflexión sosegada

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, dijo hoy que "así no se puede trabajar en el urbanismo" mientras sea objeto permanente de debate y discusión que impidan planear el futuro de los municipios y pidió una reflexión "serena y sosegada, para ver de una vez por todas hacia dónde dirigirnos en esta cuestión".

En declaraciones a los periodistas tras presentar un informe especial a la presidenta del Parlamento andaluz, María del Mar Moreno, sobre las mujeres en prisión, Chamizo relacionó este interés por el urbanismo con las próximas elecciones municipales y señaló que en este estado "no se puede trabajar". Para el Defensor, "hay que tomar decisiones para responder a las necesidades futuras y no por las próximas elecciones tenemos que centrarnos todos en el urbanismo".

Asimismo, preguntado sobre la reacción de los alcaldes ante el informe de la institución y de los fiscales medioambientales sobre las urbanizaciones ilegales, el Defensor expuso que ha tenido buena acogida en algunos municipios, "sorprendentemente acordes con las conclusiones". "Incluso he visto fotos de una alcalde con las conclusiones del Defensor y los fiscales detrás", bromeó.

No obstante y a pesar de que reconoció que han podido existir avances, Chamizo lamentó que se han producido "de manera insuficiente". Igualmente, preguntado sobre su postura ante la retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos para dejarlas en manos de las comunidades autónomas, expuso que es un tema "vidrioso" del que habrá próximos pronunciamientos en una próxima declaración institucional sobre el urbanismo.

En las conclusiones de las III Jornadas de trabajo conjuntas con la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía, celebradas en marzo en Granada, ambos organismos hicieron un llamamiento para que las administraciones realicen campañas para concienciar a la ciudadanía de los "gravísimos e irreversibles" daños que se causan en estos territorios como consecuencia de la ejecución de obras ilegales en suelo no urbanizable, actuaciones que suponen "una lesión a nuestro patrimonio histórico y de las actividades que violan las normas ambientales".

En el documento, consultado por Europa Press, instan a establecer convenios de colaboración con los ayuntamientos para que ejerzan la protección de su territorio, "adoptando las medidas de disciplina urbanística que fueren necesarias". Asimismo, llaman a empresas suministradoras de electricidad, agua y telefonía a que "en ningún caso" presten suministro a edificaciones sin licencias así como a los notarios y registradores de la propiedad para que no eleven a escrituras las parcelaciones ilegales. En el documento, manifiestan su preocupación por el "gran número de expolios que se realizan en los yacimientos arqueológicos de Andalucía".

Ambas instituciones abogan por introducir reformas en las respuestas que determina el ordenamiento penal en delitos contra la ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente. También expresan la importancia de contar con una Ley General del Medio Ambiente que unifique, en el ámbito administrativo, una normativa sectorial dispersa y confusa que encaja con dificultad en la regulación de ámbito penal.

En igual sentido, resaltan "la utilidad" de establecer penas de inhabilitación profesional de los responsables de estos delitos, incluyendo mecanismos adecuados para considerar a las personas jurídicas como plenamente responsables en los casos de delitos contra el medioambiente.