SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, reclamó hoy ante el Pleno del Parlamento nuevas medidas para afrontar el problema de la violencia escolar, al tiempo que confió en que haya fondos suficientes para aplicar la Ley de Dependencia y no se generen problemas de índole competencial entre las distintas administraciones. Desde los grupos de la oposición, PP, IU y PA, se exigió a la Junta que dé solución a los problemas que se ponen de manifiesto ante esa institución.
Según los datos facilitados por Chamizo, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz registró en 2005 el mayor número de quejas de toda la historia de la institución, un total de 5.562 que superan en un 12 por ciento a las presentadas el año anterior y que se deben fundamental al mayor número de reclamaciones en materia de inmigración, menores y medio ambiente mientras permanecieron constantes las quejas en asuntos de justicia, vivienda o urbanismo.
La mayoría de las quejas de los ciudadanos andaluces se centraron en materia de justicia, donde se integran tribunales, inmigración y cárceles, con 1.040 reclamaciones. Chamizo subrayó que el incremento se produjo con motivo del proceso de regularización, "que en su momento consideramos positivo pero que después tuvo muchas incidencias con motivo del empadronamiento por omisión".
La situación en los centros penitenciarios andaluces, con una población de 13.000 personas, continúan motivando quejas. El Defensor mostró su preocupación por la falta de atención sanitaria en los hospitales.
Por ello, insistió a Instituciones Penitenciarias y a la Consejería de Salud en la necesidad de un convenio donde trabajadores del SAS acudan a las cárceles. Apuntó ginecología, traumatología, medicina interna y psiquiatría como especialidades más precarias. En cuanto a la actuación de la Justicia, señaló los retrasos en las salas de contencioso-administrativo.
La segunda materia más frecuente motivo de reclamación de los ciudadanos se centraron en el área de Vivienda y Obras Públicas (772 quejas). El Defensor se preocupó por las personas mayores que viven en casas antiguas y planteó la creación de una oficina que les facilite información para evitar desahucios.
EDUCACION Y SALUD
Le sigue en número de quejas las materias de Educación (616), con los problemas de escolarización, convivencia escolar, déficit de infraestructuras educativas y la situación del personal docente y Salud (501), con la atención al medio rural, la ubicación de los centros hospitalarios, la fibromialgia y los enfermos mentales, ante el que expuso la "insuficiencia" de programas residenciales por parte de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem).
Hizo especial referencia a la necesidad de abordar la cuestión de la conflictividad en las aulas, ya que se están dando situaciones de quiebra en la convivencia escolar, de manera que ha dejado de ser un mero problema emergente para convertirse en uno de los principales retos del futuro. La situación está evolucionando de manera positiva en cuanto a las medidas adoptadas por las autoridades, apuntando que los resultados sólo se precibirán a medio o largo plazo, por lo que pidió algunas más inmediatas que permitan solucionar casos puntuales. Una medida útil, en su opinión, sería la aplicación de técnicas de mediación, como alternativa a las correctivas.
En concreto, Chamizo abogó por la combinación de un elenco de medidas diversas, consistentes en formar a las nuevas generaciones y en dotar a los centros de recursos para frontar los conflictos.
De otro lado, deseó que se abra paso en Andalucía un debate social sobre el asunto de la educación en el hogar, ya que cada vez más padres optan por no enviar a sus hijos a los colegios, algo que, en su opinión, no se puede considerar inconstitucional. A su entender, la ausencia de una regulación legal de una práctica educativa cada vez más extendida sólo redunda de manera negativa para los niños y sus familias.
Respecto a la Ley de atención a personas en situación de dependencia, Chamizo, que valoró esta iniciativa, expresó, no obstante, su preocupación por "algunas lagunas que se aprecian en concreciones", mientras reclamó un amplio margen para el acuerdo entre las distintas administraciones y el desarrollo reglamentario de la norma. "Esperemos que las expectativas que ha generado la nueva ley no se vean defraudadas por cuestiones de índole competencial o de financiación", apuntó.
Hizo un llamamiento a las administraciones para la plena efectividad de este derecho en Andalucía, asumiendo los compromisos que resulten precisos para atender adecuadamente a las personas.
Asimismo, Chamizo consideró como uno de los grandes desafíos de la institución del Parlamento, habilitar una vía de participación útil para la ciudadanía que posibilite su participación efectiva en la toma de decisiones. Reclamó buscar un equilibrio entre la toma en consideración de las demandas de la sociedad y el ejercicio de la acción del gobierno.
OPINION DE LOS GRUPOS
Por su parte, el diputado del PP Eugenio Gonzálvez destacó la solvencia y la rigurosidad que tiene la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, lo que hace que doce de una gran credibilidad ante la ciudadanía. En el informe se aprecia un paralelismo entre las quejas de los andaluces y los problemas que se ponen de manifiesto en los debates del Parlamento. Señaló que la Junta, en modo alguno, puede mirar hacia otro lado, sino que tiene dar respuesta a problemas tan acuciantes como la violencia en los centros escolares o en relación con la vivienda y el urbanismo.
El parlamentario de IULV-CA José Cabrero señaló que hay claramente una percepción de utilidad de la institución de Defensor por parte de la ciudadanía, mientras criticó que desde los poderes públicos no se dé respuesta a muchas de las quejas que presentan los andaluces. La actitud del Defensor del Pueblo para tratar de resolver grandes temas contrasta, según dijo, con una "actitud negativa" del Gobierno andaluz.
El diputado del PA Miguel Romero señaló que se puede comprobar cómo los ciudadanos se acercan cada vez más a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, porque se sienten atendidos y defendidos por ella. Hay temas en el informe del Defensor del Pueblo, según dijo, que requieren medidas urgentes desde las administraciones, como la violencia escolar, las listas de espera en la sanidad o los problemas en las cárceles andaluzas e hizo un llamamiento a la Junta para que afronte los problemas que se ponen de manifiesto ante la institución.
El parlamentario del PSOE Fidel Mesa subrayó el esfuerzo en superarse y en ir más allá que hace el Defensor del Pueblo Andaluz año tras año, algo que perciben los ciudadanos y que se pone de manifiesto en el incremento del número de quejas. En cuanto al contenido, compartió la mayoría de las reflexiones expresadas por el Defensor, que tienen que ver con muchas de las iniciativas que se debaten en la Cámara, mientras expresó que para el PSOE el informe de la institución va a ser de "máxima utilidad".