Constata una "insuficiencia" de recursos de apoyo en las aulas ordinarias para el alumnado con necesidades de apoyo educativo
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo confía en que las comunidades autónomas adopten "las medidas necesarias para el adecuado desempeño" de la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, "designando a la persona idónea -interna o externa- con la necesaria disponibilidad y formación".
Así lo ha reflejado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en su 'Informe Anual 2022', al que ha tenido acceso Europa Press, presentado este lunes 13 de marzo en el Congreso de los Diputados.
En su informe, la institución ha explicado que la incorporación, en todos los centros docentes donde cursen estudios alumnos menores de edad, de la nueva figura del Coordinador de Bienestar y Protección, "constituirá una ayuda cualificada que contribuirá a mejorar la comunicación con el alumnado y sus familias".
Desde el Defensor del Pueblo se valora como "positivo" el esfuerzo que vienen realizando las administraciones educativas para abordar "con la mayor rapidez y eficacia" todos los episodios relacionados con el maltrato entre iguales en centros educativos, incluido el llamado ciberacoso.
En este contexto, ha insistido en que "se deben evitar actuaciones burocratizadas dirigidas, en muchos casos, a registrar los casos detectados y delimitar responsabilidades", y en la importancia de que toda la comunidad educativa "se implique en la prevención de estas situaciones".
Por último, Gabilondo ha resaltado "la necesidad de que se proporcione a todo el personal del centro la formación y los medios necesarios para actuar ante situaciones de conflicto escolar".
"INSUFICIENTE ALCANCE DE LA GRATUIDAD" EN PRIMER CICLO DE INFANTIL
En referencia a las quejas referentes al Primer Ciclo de Educación Infantil, el Defensor del Pueblo ha apuntado a la "necesidad de aumentar la oferta educativa pública para atender la creciente demanda". Además, estas quejas plantean "el insuficiente alcance de la gratuidad, que determina que los niños de los hogares con bajos ingresos tengan menos probabilidades de participar en este nivel de educación".
Otro de los motivos recurrente de queja ante la institución, es la "negativa" la Administración educativa a "autorizar un aumento de ratio para la reunificación de los hermanos en el centro elegido por los padres en las etapas de Educación Infantil y Primaria".
"En la mayoría de los casos se constata la correcta aplicación de la normativa vigente y la posibilidad que ofrece la Administración de escolarizar a todos los hermanos en el centro docente asignado", ha asegurado el Defensor del Pueblo al respecto.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Para el Defensor del Pueblo, la superación y eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación "se sustentan en metodologías y en la dotación de recursos personales específicos y materiales extraordinarios que aseguren la máxima inclusión de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo".
En este sentido, el informe indica que la atención a este alumnado, considerado como "el más vulnerable", debe prestarse "desde el momento de su escolarización o de la detección de la necesidad, a fin de asegurar su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo".
"Uno de los problemas que se sigue advirtiendo es la insuficiente dotación de recursos personales a los equipos de orientación educativa. Esta falta de medios aumenta los tiempos de los procesos de evaluación psicopedagógica del alumnado y, en consecuencia, retrasa la adopción de las medidas específicas al no disponer del correspondiente informe psicopedagógico", ha alertado Gabilondo.
A través de "muchas de las quejas investigadas", el Defensor del Pueblo ha constatado la "insuficiencia de recursos de apoyo (profesorado especialista y personal de apoyo educativo)" en las aulas ordinarias para garantizar la participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo "en igualdad de condiciones que sus compañeros".
Igualmente, estima fundada la pretensión de las familias de que se pida al personal no docente de apoyo en las aulas ordinarias "la experiencia y cualificación profesional necesaria y se garantice su presencia en el centro durante toda la jornada escolar".
En la dotación de los centros, según refleja el informe, debe valorarse si los recursos utilizados para dar la respuesta educativa más adecuada "están siendo efectivos o se requiere la asignación de otros". Para ello, considera que es preciso "fomentar una mayor autonomía e implicación de los centros escolares, atendiendo a las circunstancias de cada alumno, así como a las infraestructuras o características de los centros".
El Defensor del Pueblo también ha subrayado que la planificación de las actividades complementarias y extraescolares y del servicio de comedor escolar "debe garantizar el derecho a participar de todo el alumnado, incluido el de necesidades educativas especiales, mediante la elección de actividades adecuadas para este alumnado y el apoyo de los profesionales que precisan".
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, VISUAL O MOTRIZ
Por otro lado, el documento recalca que diversas asociaciones de familias con hijos sordos han señalado la "escasez" de centros con el modelo educativo bilingüe-intermodal en todas las etapas educativas y la "falta de intérpretes" de la lengua de signos en horarios completos, así como de profesores sordos o especialistas en la lengua de signos.
En tanto se desarrolla reglamentariamente la utilización de la lengua de signos española, en cumplimiento del mandato de la Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, el Defensor del Pueblo "sigue de cerca" las iniciativas adoptadas por las administraciones educativas para promocionar la implementación educativa de este bilingüismo.
La institución también ha seguido recibiendo quejas de alumnos con discapacidad motriz a los que se asignan centros educativos que no cumplen con los requisitos de accesibilidad.
Sobre el alumnado con altas capacidades, el Defensor del Pueblo ha detectado que el número de alumnos "va en aumento, pero los estudios apuntan a que persiste una infradetección de los casos". "Su falta de atención puede ocasionarles problemas de conducta, fracaso escolar o problemas de orden psiquiátrico", ha alertado la institución, que considera necesario "seguir avanzando en la mejora de los procesos de detección y diagnóstico desde la concepción multidimensional de la inteligencia humana para realizar una intervención educativa adecuada a sus necesidades".
"ESCASA PREVISIÓN REGLAMENTARIA EN BECAS DE JÓVENES EXTUTELADOS"
Respecto a la situación de los estudiantes extutelados mayores de edad que residen en pisos de acogida, el informe alerta de que "es ignorada" por el sistema de solicitud de becas y ayudas al estudio, ya que las convocatorias "solo contemplan la posibilidad de estar acogida en el sistema de protección para los menores de edad, y para los mayores exigen acreditar medios de subsistencia propios". Así, el Defensor afirma que estos jóvenes "obtienen la beca en la revisión de los expedientes, después de reclamar contra la propuesta de denegación".
El Defensor del Pueblo también incide en la necesidad de que sea ampliado o suprimido el umbral máximo de rendimientos y ganancias patrimoniales de la familia del solicitante, que se mantiene invariable desde la convocatoria 2008-2009 en 1.700 euros, a partir del cual desaparece la posibilidad de obtener una beca, aunque la superación de dicho umbral se deba a la percepción de una subvención pública.
