MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha recordado en su último informe anual a la Delegación del Gobierno en Madrid y Instituto Madrileño de la Familia y el Menor el deber legal de instar la tramitación de la autorización de residencia a menores extranjeros tutelados.
Responde así al caso de un menor que estuvo más de dos años a disposición de los servicios de protección madrileños sin obtener autorización de residencia.
Pide a las administraciones que les proporcionen permiso de residencia o concedan una cédula de inscripción en caso de imposibilidad de obtener su documentación personal, todo ello de acuerdo con el artículo 35.7 de la citada Ley Orgánica 4/2000.
En relación con la retroacción de efectos de las autorizaciones concedidas, el Defensor ha formulado Sugerencias a las Delegaciones del Gobierno en Melilla y en Madrid para que se retrotraigan los efectos de las autorizaciones al momento en que los menores fueron puestos a disposición de los servicios de protección.
