MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, reclamó hoy a las televisiones que "cumplan con sus compromisos" con el Gobierno para evitar la emisión de espacios propios de la llamada 'telebasura' en horario infantil, ya que tras la puesta en marcha en diciembre de 2004 de un código de autorregulación en este sentido "los resultados no son precisamente alentadores" y "cada uno hace de su capa un sayo".
Asimismo, Enrique Múgica recordó a las televisiones españolas, en una entrevista concedida a Europa Press, que los contenidos que emiten "inciden también en el conflicto escolar", un problema que "desgraciadamente no disminuye". Precisamente para abordar el problema de la violencia escolar el Defensor del Pueblo realizará un informe a partir de datos de unos 300 colegios de toda España.
En cuanto a la 'telebasura', Múgica recordó que los empresarios de televisión, así como la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, alcanzaron un compromiso con el Ejecutivo para que los programas "fueran adecuados a los televidentes", de forma que los espacios emitidos en horario infantil "no fueran programas cargados de erotismo o de dureza". "Se aceptó por todos, pero los resultados que veo no son precisamente alentadores; cada uno hace de su capa un sayo", aseveró.
Para el Defensor del Pueblo, la "televisión que tenemos" es "otro de los problemas que inciden también en el conflicto escolar", ya que "los niños y adolescentes ven horas y horas la televisión, que se restan al estudio, y que además les da una visión del mundo que no es verdad y hace que choquen con la convivencia".
"Hay una responsabilidad por parte de las empresas televisivas, por parte de la televisión pública; lo único que me gustaría es que cumplieran sus compromisos", agregó.
AUMENTO DE VIOLENCIA EN LAS AULAS
Múgica recordó que ya en el año 2000, en el informe presentado entonces por la institución, "se vislumbraban perspectivas de aumento de la violencia escolar", aunque no se había llegado a situaciones tan graves como las registradas en Francia, en Reino Unido u otros países europeos, "ya que la utilización de armas blancas era pequeña, y la de armas de fuego, inexistente", siendo la violencia en España a través de golpes y palizas en el caso de los varones y "verbal pero muy dura en el caso de las niñas".
En cualquier caso, la violencia en los centros "ya existía".
"Pensábamos que podía reducirse y hemos visto desgraciadamente que la violencia escolar no disminuye", manifestó.
En consecuencia, anunció que el Defensor del Pueblo trabaja de forma conjunta con Unicef en un informe sobre violencia escolar para cuya realización se han puesto en contacto con unos 300 centros escolares españoles "con un número muy importante de docentes".
En general, Múgica entiende que existe una "situación de desmoralización" entre los docentes debido en parte a que "los padres no tratan de corregir a los hijos, y al mismo tiempo les dejan un amplio arbitrio para hacer lo que quieran, e incluso cuando el docente castiga a ese hijo o le recrimina el padre echa la culpa no a la actitud del hijo, sino al docente".
De este modo, a juicio de Múgica, "se rompe un elemento fundamental que es la disciplina", y el prestigio del maestro "salta por los aires y eso produce una situación caótica en las aulas". "Hay que imponer más disciplina para que sea atendido el maestro con ejemplaridad; hace falta que los padres comuniquen continuamente con los docentes, y no como hacen bastantes, que desgraciadamente se oponen a la disciplina que quiere imponer el maestro. Así no vamos a ninguna parte", añadió.
EQUILIBRAR LAS PROPORCIONES DE INMIGRANTES
Otro aspecto conflictivo relacionado con la educación, y que el Defensor pone de relieve en el informe anual que presentará próximamente a las Cortes, es la necesidad de que la diferencia en las proporciones entre niños hijos de inmigrantes y nacionales en los distintos centros escolares (en referencia a los públicos y a los concertados), "no sea tan grande como ahora".
"La relación es de tal forma que a veces en centros escolares la población inmigrante tiene un tanto por ciento muy elevado, mientras en otros centros escolares es la población española la que tiene unos porcentajes muy grandes", señaló Múgica, para quien esto significa que "hay una desigualdad notable".
"Lo que queremos es que los estudiantes se repartan mejor, que no haya tanta diferencia entre unos y otros, sino que haya una diferencia equilibrada", dijo.
CONSTITUCIONALIDAD DEL CAC CATALÁN
Por último, en relación con la petición de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) para que el Defensor interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra las atribuciones del Consejo de lo Audiovisual de esta comunidad (CAC), Múgica indicó que se estudió el tema y se vio "que la Ley en sí no podía ser tachada de inconstitucional".
No obstante, reconoció que el Defensor percibió "los peligros que se producían porque algunos artículos, en su desarrollo concreto, podrían impulsar e incentivar cierto control de los medios audiovisuales por parte de la Administración o de un órgano elegido por la Administración o el Parlamento".
"Ese peligro existía, pero es otro problema. Esas situaciones hay que estudiarlas en cada caso concreto que se presente, y para eso está la vía del contencioso de derechos fundamentales, que se resuelve en pocos días", concluyó Múgica, que no cree que la Ley que regule el sector audiovisual a nivel nacional contemple las particularidades de la ley catalana.
