Dependencia.- Caldera afirma que unas 300.000 mujeres podrán cobrar ayudas para cuidar a su familiar dependiente

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, asegura que unas 300.000 mujeres como máximo podrán cobrar ayudas económicas para cuidar a su familiar dependiente cuando esté implantada la Ley de la Dependencia.

"Hay muchas mujeres que no han podido ejercer una actividad laboral por quedarse a cuidar a sus familiares; de este modo, o se les dará una ayuda económica o tendrán a alguien que podrá cuidar a sus familiares mientras ellas ejercen su otra actividad laboral", explica.

Las ayudas económicas se asignarán según una escala, dependiendo del grado de dependencia de la persona y de sus posibilidades económicas. Sin embargo, Caldera cree que "no va a ser el criterio prioritario, porque la mujer española lo que desea es tener una actividad laboral ajena".

Asimismo, considera que "este modelo va a servir en los primeros estadios del desarrollo del sistema para atender a mujeres que no han tenido otra oportunidad". "En el futuro, es probable que toda mujer tenga su empleo y cuando haya que cuidar a una persona en el entorno familiar se haga con servicios profesionales", sostiene.

En una entrevista publicada hoy en 'La Vanguardia', Caldera señala que, con la futura ley, "he garantizado que ninguna persona se quedará sin cobertura". "Estamos hablando de construir el cuarta pilar del bienestar", añade.

"Para para dar cobertura a todas las personas afectadas necesitamos un tiempo de implantación de ocho años", indica, y destaca que "al finalizar el 2015, cuando todo el sistema esté a pleno rendimiento y todas las personas afectadas por dependencia estén atendidas, nuestros estudios económicos nos indican que el gasto aproximado total será de un 1% de la riqueza nacional, 9.400 millones de euros de hoy".

En este sentido, manifiesta que "para poder llegar a financiar ese gasto total proponemos que la financiación se asuma conjuntamente por todas las administraciones públicas".

"El usuario podrá llegar a pagar como media un 30%-35% del gasto, cantidad que deberá ir al alza con el tiempo, a medida que los ciudadanos tengan más recursos", subraya, y propone que el resto "sea financiado a medias por el Estado y las autonomías. Ese resto serían 2.200 millones para el 2015 por parte del Estado y otro tanto por parte de las comunidades".

Según Caldera, el Estado financiará "el núcleo básico, el derecho esencial, que es garantizar que cualquier usuario puede acceder a estos servicios en cualquier territorio". Además, "firmaremos convenios con las comunidades para financiar la parte del gasto de la que el usuario no pueda hacerse cargo", indica.

Para incluir a un dependiente en el sistema, se utilizará un baremo estatal para garantizar el ejercicio del derecho por igual en todo el territorio que fijará y acotará los tres grados de dependencia. "Luego, los equipos de las comunidades harán las valoraciones, ya que la gestión corresponde a las autonomías", afirma.

EN EL 2003, EL PP COMPARTÍA LA IDEA.

Además, Caldera indica que, en el 2003, "hubo una recomendación del pacto de Toledo --en que el PP estuvo de acuerdo-- que establecía que el sistema de dependencia debía ser común". "Recomendaba la participación del usuario en el pago de los servicios y la participación de todas la administraciones públicas en el resto de la financiación", explica.

"Me extrañaría que el PP hubiera cambiado de opinión tan pronto", subraya y añade que "espero que nadie tenga la osadía o la mala fe de convertir este debate en un debate politizado en el peor sentido de la palabra".

Caldera cree que "se tendrían que dar muchas explicaciones si un ciudadano de Madrid o Valencia, gobernadas por el PP, se queda sin una parte de esos derechos. Sinceramente, creo que eso no va a ser así. Estamos dispuestos a la negociación y queremos un gran acuerdo".

Asimismo, asegura que "si dijéramos que o hay acuerdo de todos o no hay sistema de dependencia, estaríamos poniendo en manos de alguien el veto de un derecho que quieren ver reconocido los españoles". "El Gobierno va a desarrollar el núcleo esencial del derecho en todo el territorio, y espero que todas las comunidades se sumen a este gran proyecto", concluye.