MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las comunidades autónomas y los colectivos que representan a las personas con problemas de discapacidad trasladarán mañana al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, sus dudas respecto al anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, especialmente en lo que se refiere al copago que deberán afrontar los usuarios.
Caldera recibirá por la mañana al Consejo Nacional de la Discapacidad, órgano asesor del ministerio sobre estos temas. El Consejo Estatal de Representantes de Minusválidos (CERMI), principal órgano de representación de este colectivo, aún no cuenta con una opinión oficial, pero distintas asociaciones de discapacitados y enfermos mentales han manifestado su disconformidad con el sistema del copago.
Fuentes de estos colectivos señalaron a Europa Press la necesidad de que el departamento de Jesús Caldera concrete la aportación que deberán realizar los usuarios del futuro sistema. En líneas generales valoran de manera positiva el anteproyecto, pero considera una contradicción que el texto se refiera la creación de un derecho universal y al mismo tiempo plantee que los usuarios tengan que hacer frente a su coste.
Por ello, plantean que el Gobierno concrete cuáles serán las prestaciones que tendrán rango de derecho universal y, por tanto, se ofrezcan de manera gratuita, y cuáles se someterán al sistema del copago en función de la renta y el patrimonio.
En la misma línea se manifiesta la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES). En declaraciones a Europa Press, su presidenta Andrea Castelló advierte de que el colectivo al que representa será uno de los más beneficiados por esta Ley y advierte de que "las personas más necesitadas no deben ser las que tengan que aportar más recursos".
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Tras recibir al sector de la discapacidad, Caldera se sentará con los consejeros de Asuntos Sociales de las distintas comunidades autónomas. En principio, sólo cuenta con el apoyo de las autonomías gobernadas por el PSOE, mientras que las del PP le exigirán que concrete distintos aspectos de la futura norma.
La secretaria de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, reclamó hoy al Gobierno que establezca un umbral de renta, por debajo del cual los ciudadanos no deban realizar aportaciones por copago al futuro Sistema Nacional de la Dependencia. Además, pidió a Trabajo que no rompa el Pacto de Toledo y reciba a todos los partidos políticos.
Según explicó, su partido tiene "la mano tendida al acuerdo" con el Gobierno para alcanzar, si cabe, un pacto de Estado en la materia. Sin embargo, enumeró una serie de cuestiones que el anteproyecto debe concretar: el derecho nuevo que se pretende ofrecer, los potenciales usuarios, la cartera de servicios básicos, una red de centros a los que se puede acceder en función de los requisitos del dependiente, y una financiación sostenible que garantice unas prestaciones iguales para el conjunto de las comunidades autónomas.
En materia de financiación, el PP entiende que las cuentas del Gobierno tienen una "débil coherencia" dado que se prevé la atención a cerca de 1,5 millones de personas, cuando el libro blanco arrojaba un total de 2,7. Además, cree que los últimos recursos comprometidos proceden del pago de la deuda contraída por la Seguridad con el Gobierno (unos 9.000 millones).
Sobre la participación de los usuarios, el PP manifiesta su "preocupación por las rentas más bajas" y exige un umbral de renta en el que no haya copago porque "hay muchas familias españolas" que, a su juicio, no pueden hacer frente a este gasto.
Por su parte, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco manifestó hoy que el Anteproyecto de Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, "es un primer paso positivo para la consolidación del que ha de ser un pilar más del Estado de Bienestar", aunque "aún es mucho el camino por recorrer".
A través de un comunicado, la Consejería de Javier Madrazo consideró que, de momento, el borrador "es un proyecto de norma hueca pendiente de un desarrollo posterior". A su juicio, "plantea una serie de dudas que será necesario resolver", principalmente en materia de competencias.
IZQUIERDA VERDE Y ERC
Mientras tanto, Trabajo y Asuntos Sociales ha iniciado conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Verde (IU-ICV) --dos de las formaciones que componen el tripartito de Cataluña y socios habituales del Gobierno, con la perspectiva de presentar en el Congreso de los Diputados "un proyecto de la izquierda".
Ambas formaciones políticas manifiestan su respaldo al anteproyecto, pero ponen como condición una rebaja del copago que plantea el Gobierno sobre los usuarios, según informaron a Europa Press sendos portavoces.
Los responsables de ERC e Izquierda Verde aseguran que el próximo mes de febrero pondrán en marcha un grupo de trabajo con el departamento de Caldera, con el objetivo de presentar al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley "consensuado". También plantean dudas en materia de las competencias autonómicas.
