Dependencia.- El Consejo de Estado avala el proyecto pero pide que se especifiquen las obligaciones de Gobierno y CC.AA.

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estado ha emitido un informe "altamente favorable" sobre el anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia redactado por el Gobierno, si bien recomienda que el texto especifique las obligaciones del Gobierno y las comunidades autónomas, según informó hoy la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce.

Tras participar un desayuno informativo, organizado por Euroforum Escorial, Valcarce explicó a los periodistas que el dictamen de este organismo ha sido aprobado por unanimidad y valora de manera "loable" distintos aspectos del mismo, especialmente en lo que se refiere a la fórmula utilizada para dotarle de 'anclaje' constitucional. El Consejo de Ministros remitirá el texto al Parlamento, presiviblemente a lo largo del mes de abril.

ARTÍCULO 149.1 DE LA CONSTITUCIÓN

Tal y como indicó la secretaria de Estado, el Consejo de Estado entiende que el Gobierno "ha elegido el mejor camino" para regular la atención a las personas dependientes, utilizando como argumento el artículo 149.1 de la Carta Magna. Según Valcarce, el Consejo de Estado "destaca su virtualidad porque combina la garantía de la igualdad de todos los ciudadanos, pero sin imponer ninguna uniformidad".

Es decir, con ello, se garantiza el equilibrio entre "la necesaria igualdad de los ciudadanos con el respeto a las competencias exclusivas" que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas en materia de políticas de protección social.

Por otro lado, la responsable de Trabajo y Asuntos Sociales cree que el "respaldo" que ofrece el Consejo de Estado al modelo de financiación por parte del Estado y comunidades autónomas a través de convenios, "es altamente valioso".

No obstante, reconoció que este órgano establece una serie de "consideraciones y reflexiones" en relación con las obligaciones del Estado y las autonomías, así como en lo que se refiere al tratamiento de los menores de 3 años (el anteproyecto no reconoce su atención) y a los mayores de 65 años. "Es muy valioso; es una reflexión muy interesante que el Gobierno estudia en este momento" (de cara a su inclusión en el proyecto de de ley), explicó Valcarce.

Fuentes conocedoras del texto del dictamen del Consejo de Estado explicaron a Europa Press que establece algunas recomendaciones de cara a lograr la suficiencia financiera del futuro sistema nacional de la dependencia, así como la necesidad de establecer mayores garantías en el derecho universal y las prestaciones básicas que tienen derecho a recibir las personas dependientes por parte del Estado.

En materia de financiación, según las mismas fuentes, el Consejo de Estado subraya la necesidad de que los convenios entre el Gobierno y las comunidades autónomas sean de obligado cumplimiento por parte de estas últimas.

REUNIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mantiene reuniones con representantes autonómicos para perfilar los últimos detalles del proyecto de Ley. Ayer tuvo lugar la comisión general de comunidades autónomas y esta misma tarde se celebrará la conferencia sectorial.

En esta última reunión, Trabajo escuchará la valoración las autonomías y sus propuestas para su definitiva incorporación al texto que el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados. En esta reunión también se distribuirán los créditos que se dedican a los distintos programas de servicios sociales, como el plan concertado, los planes de infancia y familias, de discapacidad, personas mayores y los 200 millones de euros de la dependencia destinados este año a la dependencia, vía Presupuestos Generales del Estado. Para ello se tendrá en cuenta el número de personas afectadas de cada autonomía.

En virtud del anteproyecto, el Gobierno destinará en los próximos años un total de 12.638 millones de euros para financiar el contenido del 'derecho básico' que tendrán derecho a percibir los ciudadanos independientemente del lugar en el que residan. El resto de las comunidades autónomas deberán aportar la misma cantidad.

En todo caso, el Gobierno considera que la financiación contemplada será "suficiente" para que las prestaciones y servicios reconocidos en la ley tengan su "despliegue".

En lo que se refiere a la aportación que deberán realizar los usuarios, dependerá de su capacidad económica. Por otra parte, el consejo territorial de la dependencia especificará "determinados casos" en los que también se tendrá en cuenta la vivienda habitual de la persona dependiente a efectos de determinar su aportación. Por tanto, tal y como indicó Valcarce, esta cuestión se realizará "por acuerdo de las comunidades autónomas".