MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las asociaciones que representan a las personas con problemas de discapacidad hicieron hoy patentes sus discrepancias sobre el sistema de copago que plantea el anteproyecto de la Dependencia del Gobierno y el hecho de que sólo contemple la atención a partir de los tres años.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, defiende un sistema de copago que reciba una aportación del usuario en función de la renta, incluso en los casos de personas dependientes que reciben pensiones no contributivas.
Por su parte el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con problemas de Discapacidad, Mario García, señaló a los periodistas su rechazo a que las personas de rentas más bajas deban afrontar el copago, en concreto aquellos que tan solo perciben las pensiones no contributivas.
Caldera presentó hoy el anteproyecto de Ley de la Dependencia al pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad, órgano asesor del departamento en estos temas. Al término de la reunión, el ministro aseguró no tener dudas sobre el respaldo del sector al sistema del copago, "porque hoy el ciudadano lo paga todo, salvo que pueda ir a una plaza concertada". Además, recordó que "todos los sistemas de servicios sociales del mundo se basan en el principio de aportación del ciudadano en función de su capacidad económica".
Caldera entiende que en España, "por fortuna todo el mundo tiene recursos, porque hay salarios sociales y pensiones no contributivas". ¿Por qué no se va a pagar todo el mundo en función de esos recursos?", se preguntó. Trabajo únicamente podría contemplar la gratuidad "si hubiera algún caso en que alguna persona no tuviera nada". "Es un principio elemental de solidaridad y estoy seguro que será aceptado por el Consejo Estatal de la Discapacidad", apuntó.
Mientras tanto, el presidente del CERMI advierte de que "no se puede hablar de copago con una pensión no contributiva". En todo caso, los discapacitados entenderían la aportación de los usuarios con pensiones altas.
El CERMI debatirá el texto del anteproyecto en sus órganos del Gobierno. Hasta la única postura oficial defiende una posición de máximos basada en un "régimen de universalización y con carácter gratuito". En todo caso, "desde un punto de vista posibilista", el sector de los discapacitados entiende que la participación en el coste "debe llegar hasta un límite máximo, de modo que se evite que la persona o su entorno inmediato dediquen todos o la mayoría de sus ingresos a sufragar estos costes".
Otro aspecto en el que discrepan los discapacitados y Trabajo es en el hecho de que sólo se contemple la cobertura a partir de los 3 años de edad. Sobre este punto, Caldera señaló que los menores de esta edad "están atendidos por los servicios sociales", tal y como ocurre en otros sistemas de dependencia europeos. No obstante manifestó su disposición a garantizar "la cobertura de todas las necesidades" y la posibilidad de establecer excepciones, durante la negociación de la norma.
UN AMPLÍSIMO ACUERDO
Caldera presentará esta tarde el anteproyecto a los representantes de las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial. El ministro asegura que existe un "amplísimo acuerdo" con varias fuerzas políticas y espera alcanzarlo al menos con la inmensa mayoría de las comunidades autónomas.
En todo caso, asegura que se podrá acceder a este derecho en toda España, en condiciones de absoluta igualdad, garantizado por el Estado. El único requisito para ser atendido será una acreditación de la situación de dependencia por un tribunal médico.
Respecto a la aportación de las autonomías, avanzó que deberán realizar "un mayor esfuerzo" (económico) aquellos territorios donde la cobertura a la dependencia esté menos desarrollada y donde haya más personas en esta situación. Entre ellas, se encuentran "algunas comunidades gobernadas por el PP".