Fernández de la Vega afirma que la educación y la investigación serán "las dos grandes prioridades" en lo que queda de legislatura
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, según anunció hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en los Desayunos Informativos de Europa Press.
La 'número dos' del Ejecutivo aseguró que la Ley, por la que se adapta la protección social "a las nuevas realidades", "no sólo establece un nuevo derecho de ciudadanía que garantizará atención y cuidados a cientos de miles de ciudadanos, sino que contribuirá a promover la conciliación entre la vida personal y laboral, dinamizando la actividad económica a través de una mayor tasa de actividad, generando nuevas fuentes de empleo".
Tras destacar que esta Ley constituye el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar tras las pensiones, la educación y la sanidad universal, Fernández de la Vega indicó que con esta norma el Gobierno "quiere dar un nuevo paso en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo una respuesta a las necesidades insatisfechas, tanto de las personas en situación de dependencia como de sus cuidadores". Se trata, en definitiva, de "atender necesidades no cubiertas hasta ahora" y de implantar "derechos sociales de nueva generación".
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se aseguró ayer la aprobación del texto en el Congreso con la firma de un acuerdo con Esquerra Republicana e IU-ICV por el que estas formaciones políticas se comprometen a impulsar el proyecto en el Parlamento.
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, "GRANDES PRIORIDADES"
Por otro lado, Fernández de la Vega puso de relieve que el Gobierno "está convencido de que la mejor palanca para construir una sociedad más igualitaria y con más proyección de futuro es invertir en capital humano" y "apostar firmemente por una educación de calidad y por una política sólida de investigación, desarrollo e innovación". En este sentido, aseveró que éstas serán "las dos grandes prioridades en la segunda etapa de la legislatura" en el ámbito del Plan Nacional de Reformas del Ejecutivo.
Después de indicar que la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU) "constituyen los dos hitos" de la agenda educativa del Gobierno para los dos siguientes años, Fernández de la Vega anunció el propósito del Ejecutivo de situar los indicadores españoles en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) "en términos comparables a nivel internacional".
Desde este punto de vista, el objetivo del Gobierno es llegar al 1,5 por ciento del PIB destinado a I+D, con una contribución privada del 52,5 por ciento, así como que la inversión en tecnología de información y comunicación (TIC) alcance el 6,25 por ciento del PIB. En este contexto, consideró que "ya comienzan a notarse algunos efectos movilizadores, especialmente en un crecimiento medio mensual del 6 por ciento en líneas ADSL; un aumento de líneas de banda ancha del 22 por ciento o un incremento del 35 por ciento en creación de patentes".
Otra de las cuestiones abordadas por la vicepresidenta fue la futura Ley de Igualdad, que entre otras cosas "garantizará el equilibrio entre los hombres y las mujeres que representan la soberanía". "Este va a ser sin duda un paso fundamental para conseguir una sociedad más igualitaria, también en el ejercicio del poder político".
En opinión de la vicepresidenta, "no se trata de cuotas, sino de equilibrio". "Se trata de que las mujeres sean partícipes en pie de igualdad en todos los ámbitos", dijo Fernández de la Vega, que agregó que "la lógica de la igualdad, que es la lógica de la democracia, es imparable".
UNA NUEVA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD"
Por otro lado, en el mismo acto, al que asistieron buena parte del Gobierno y representantes de la mayor parte de los sectores e instituciones de la sociedad española, la vicepresidenta destacó que en los últimos años se han ido extendiendo en la sociedad "una serie de temores más o menos difusos, una nueva sensación de inseguridad cuyas causas no son fáciles de determinar".
En este sentido, puso como ejemplos de esta inseguridad "desde el miedo a que la manipulación del genoma humano pueda dar lugar a prácticas eugenésicas descontroladas; pasando por el cambio cimático y las pesadillas con las que muchas veces se describen sus potenciales efectos; la manipulación química, industrial y genética de los alimentos; los nuevos descubrimientos sobre el efecto de determinadas drogas o medicamentos y un largo etcétera que va desde la normal aplicación de la energía nuclear hasta los peligros asociados a prácticas tan cotidianas como el volar en líneas aéreas de bajo coste".
A su juicio, la consecuencia de estos y otros temores "sería la puesta en peligro de casi todos los logros de nuestro Estado de Bienestar, con un efecto directo sobre las pensiones y el empleo". No obstante, consideró este "intangible temor" y esta "potencial incapacidad" para poder seguir financiando muchas prestaciones sociales, así como la "injustificada desconfianza" hacia lo público propugnada por el neoliberalismo, sólo pueden superarse con "confianza". "Frente al inmovilismo, innovación; frente al miedo, confianza", dijo.
Para la vicepresidenta del Gobierno, si bien la creación y desarrollo del Estado de Bienestar "pudo conducir a un exceso de burocratismo y rigidez", "la reacción neoliberal nos ha ubicado en una nueva orfandad cuando aparecen los nuevos temores". Así, consideró que "sigue siendo válido el principio de que los riesgos colectivos precisan una solución colectiva", ya que "sin derechos sociales no hay ciudadanía plena".
