El Gobierno iniciará la tramitación de la norma en marzo y solo contempla el patrimonio del usuario para servicios residenciales
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno y las comunidades autónomas establecerán la renta mínima a partir de la cual los usuarios del futuro Sistema Nacional de la Dependencia no deberán realizar ninguna aportación para recibir la atención social, según informó hoy la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín.
Por otro lado, Valentín aclaró que el usuario tendrá que aportar su patrimonio, es decir, la casa, tan sólo para financiar los servicios más costosos que contempla el sistema. Estos serán preferentemente las plazas residenciales, no siendo así para otras prestaciones como la ayuda a domicilio o para el acceso a centros de día.
Esta dirigente socialista mantuvo hoy un encuentro con medios de comunicación para explicar algunos aspectos del anteproyecto que actualmente negocia el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con los responsables autonómicos. Según digo, el Ejecutivo enviará el proyecto de Ley a las Cortes Generales, previsiblemente, a mediados de este meso o a principios de marzo.
"Hay personas a las que no se les puede hacer aportar ninguna cantidad puesto que su nivel de recursos es tan bajo que necesitan ese mínimo, precisamente para dedicarlo a su propia subsistencia", destacó Valentín, reafirmando la voluntad del Gobierno en que el futuro sistema sea de carácter "universal y público".
En este sentido, explicó que el sistema de copago supondrá una aportación por parte del usuario del 30 por ciento. En cualquier caso, las aportaciones se realizarán en función del nivel de renta y patrimonio y se elevará hasta el 90 por ciento en el caso de las más altas.
La dirigente socialista, también hizo especial hincapié en la atención que prestará la norma a la figura de los cuidadores informales de las personas dependientes, que en su gran mayoría son mujeres de su familia mayores de 50 años, que no trabajan.
El Gobierno contempla dotarles de una formación adecuada, ofrecerles una compensación económica y darles de alta en la Seguridad Social. Esto se hará de manera "excepcional" ya que se priorizará la prestación de servicios, precisamente para liberar de la carga de trabajo a estas personas.
COMPETENCIAS DE LAS CC.AA.
En el ámbito competencial la norma se atendrá las plenas competencias en materia de asuntos sociales que ya ostentas las comunidades autónomas. No obstante, el Ejecutivo hará valer sus poderes a la hora de establecer el catálogo común de servicios básicos que deberán prestar las administraciones precisamente de cara a garantizar la universalidad del sistema, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución.
La coordinación de competencias se realizará a través del futuro Consejo Territorial de la Dependencia, un órgano en el que estarán representados Gobierno y las comunidades autónomas y en el que también se acordarán aspectos como los baremos, la cuantía de las ayudas o sobre el Régimen de la Seguridad Social.
Posteriormente, los acuerdos se harán efectivos a través de un Real Decreto. Valentín considera que las autonomías "no se van a oponer" a este planteamiento, teniendo en cuenta que el Gobierno realizará una aportación de 12.400 millones de euros.
Valentín también explicó otros temas, como la coordinación con la sanidad pública o la "opción voluntaria" que ofrecerá la norma y que tendrán un tratamiento fiscal específico. Respecto a la Sanidad, Valentín indicó que la coordinación dependerá de las comunidades autónomas, a través de planes integrales de recursos sociosanitarios que posibilitarán, por ejemplo, que una persona dependiente reciba también este tipo de asistencia en su domicilio.
DIÁLOGO CON EL PP
A partir de ahí, el PSOE traslada al Partido Popular su voluntad de alcanzar un acuerdo para sacar esta cuestión del ámbito de la confrontación política. Según Valentín, esto no significa que el Gobierno vaya a cambiar su política de alianzas con sus socios preferentes (ERC e Izquierda Verde) pero manifestó su confianza en que "todos los partidos del arco parlamentario" tienen la voluntad de sacar esta norma adelante.
Mientras tanto, el PSOE realizará una campaña informativa en toda España, entre el 24 de febrero y el 3 de marzo, en la que movilizará al partido a todos los niveles (representantes autonómicos y locales), y que culminará en un acto el 5 de marzo que cerrará el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
