Dependencia.- La Ley no contempla medidas que supongan un coste añadido a la actividad del sistema sanitario

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia no contempla medidas que supongan un impacto económico sobreañadido a las acciones y programas que ya desarrolla el Sistema Nacional de Salud sobre este colectivo, según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno a la diputada Carmen Quintanilla (PP), y que recoge Europa Press.

En todo caso, el Gobierno advierte de que todavía deben producirse los desarrollos reglamentarios, como consecuencia de las previsiones de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Sanitario.

Además, el Ejecutivo apunta a esta diputada 'popular' que el proyecto de Ley de la dependencia tiene entre sus principios la coordinación entre ministerios. De hecho, recuerda que cuando se define el servicio de prevención se habla de "la necesaria coordinación socio-sanitaria" en esta materia, sin que ello implique necesariamente esfuerzos económicos añadidos para el sistema sanitario.

PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Por otra parte, también en respuesta parlamentaria, el Gobierno señala que las directrices, mecanismos o acciones para garantizar los objetivos en materia de prevención se tomarán en el ámbito del futuro Consejo Territorial del Sistema Nacional de la Dependencia, teniendo en cuenta la opinión de las comunidades autónomas.

De hecho, el proyecto de Ley de la Dependencia establece que el futuro Sistema Nacional elaborará un Plan de Prevención de las situaciones de dependencia, con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores.

Por otro lado, el Ejecutivo informa que el futuro sistema no contemplará medidas, servicios o prestaciones económicas dirigidas a cubrir "necesidades específicas médicas". Así, entiende que salvo las referidas a un servicio de naturaleza compartida entre el sistema social y santiario, como es la prevención, el resto de las necesidades médicas deberán siendo atentidas por el Sistema Nacional de Salud. Finalmente, los poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para los cuidadores de personas dependientes. Así, para garantizar la calidad del sistema se fomentará la colaboración entre distintas Administraciones en materia educativa, sanitaria, laboral y de asuntos sociales, así como por parte de las universidades, socieddes científicas, organizaciones profesionales y sindicales.

Además, el futuro Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso.