Dependencia.- La Xunta demandará que se consideren las "peculiaridades" de Galicia por su elevada tasa de dependientes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta apoya el anteproyecto de la Ley de Dependencia y Autonomía Personal propuesto por el Gobierno central, aunque en la Comisión Sectorial de Asuntos Sociales, prevista para el 18 de enero, defenderá las "peculiaridades" de Galicia, donde cerca del 22% de su población es dependiente, en su mayor parte por tratarse de personas mayores de 65 años.

Según los datos de la Vicepresidencia de Igualdade e Benestar Social facilitados a Europa Press, en Galicia hay unas 580.000 personas mayores de 65 años --de las que más de 100.000 son mayores de 80 años-- y unas 214.000 con algún tipo de discapacidad.

Esta "peculiaridades" serán planteadas por Galicia en la próxima Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en la que se analizará el anteproyecto de ley y los planes de financiación previstos por el Gobierno central, según explicó a Europa Press la secretaria xeral de Benestar Social de la Xunta, María Xesús Lago.

La responsable de este departamento, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta, aseguró que Galicia considera la Ley de Dependencia como "necesaria y totalmente oportuna". Añadió que "todas las comunidades autónomas tienen que esforzarse para que todas las personas con dependencia puedan desarrollar los derechos que reconoce esta ley".

IMPACTO PRESUPUESTARIO

En su análisis sobre el nuevo texto legal, que recordó aún es un anteproyecto de ley y "dará muchas vueltas" en su tramitación, María Xesús Lago resaltó que supone "el respaldo de la Administración para que las personas con dependencia puedan vivir mejor" y admitió el "impacto presupuestario" que supondrá su implantación.

La secretaria xeral de Benestar Social aseguró la voluntad de "colaboración" de la Xunta con el Gobierno y el "apoyo total" a la futura ley, aunque advirtió de que "quiere que se tenga en cuenta la situación y características peculiares de Galicia". Según recalcó, "el punto de partida es distinto al de otras comunidades" y, por ello, "es necesario hacer otro tipo de esfuerzos" para implantar la lo previsto en la ley.

Lago expuso que en el ámbito de atención a la dependencia "no hay la misma sensibilidad en todas las comunidades" y reconoció que en estos momentos "Galicia está a la cola en recursos, servicios y programas" dirigidos a las personas con dependencia. Apuntó que la nueva Xunta, a través de la Vicepresidencia, está "dispuesta a hacer muchas cosas", porque supone "una prioridad articular todo lo necesario" para atender a los mayores y las personas dependientes.

CONFERENCIA SECTORIAL EL DÍA 18

Ante la toma de contacto iniciada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para conocer la posición de las comunidades sobre la futura Ley de Dependencia, María Xesús Lago recordó que el pasado 5 de enero ya mantuvo un encuentro con el titular de este departamento, Jesús Caldera, a quien trasladó "la situación peculiar de Galicia" y también le planteó la "preocupación" por los gallegos residentes en el exterior, que en un gran número son personas mayores.

De lo tratado en ese encuentro, la secretaria xeral de Benestar Social entiende que el Gobierno central tiene "voluntad de atender a todas las comunidades" y conseguir avanzar en la atención a las personas mayores o con dependencia a partir del reconocimiento de sus derechos a través de la nueva ley.

María Xesús Lago reconoció, no obstante, que espera que en la Conferencia Sectorial del día 18 el Gobierno ofrezca más información sobre el contenido de la ley y sobre sus planes para financiar las medidas previstas.

En cualquier caso, recordó que la futura Ley de Dependencia está previsto que se implante "de forma progresiva", entre 2007 y 2015, por lo que consideró que "hay tiempo" para que las distintas administraciones se preparen para afrontar su desarrollo. Añadió que, en cualquier caso, la atención a las personas dependientes "es responsabilidad de todos", por lo que también abogó por la implicación de los agentes sociales.

PROPUESTA DEL GOBIERNO

La futura Ley de Dependencia entrará en vigor el 1 de enero de 2007, aunque su implantación será gradual hasta 2015. Esta norma reconoce un derecho universal y público para todos los españoles con dependencia mayores de 3 años, así como para los inmigrantes que lleven un tiempo residiendo y trabajando en España, aunque no para los jubilados extranjeros de países de la UE residentes.

El Estado se compromete a financiar el 50 por ciento de la parte del servicio que el usuario no pueda sufragar, mientras que las comunidades autónomas deberán hacerse cargo del resto. Según las previsiones de Trabajo, el Estado se hará cargo de la financiación básica del derecho, cifrada en unos 12.638 millones de euros entre 2007 y 2015.