MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, ha presentado en la Oficina del Defensor del Pueblo un escrito por el que promueve un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas, que, en el caso de multas de tráfico leves, impone tasas de 200 euros, el doble que la cuantía de la sanción.
En opinión de Dvuelta, la Ley de Tasas vulnera el artículo 24.1 de la Constitución Española, en el que se recoge que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva" de los tribunales "en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", así como el artículo 106.1 en el que se estipula que "los tribunales controlarán la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican".
Respecto del primero de los puntos, Dvuelta manifiesta en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que "el hecho de tener que afrontar el pago de una tasa" puede hacer "inviable" el ejercicio del derecho a la tutela efectiva, ya que el pago que tienen que hacer las personas y las empresas de pequeña dimensión para poder interponer acciones judiciales, como pueden ser sanciones en materia de Tráfico, resulta "desproporcionada e irracional".
En este sentido, señala que "la tasa judicial afecta notablemente a los pleitos de escasa cuantía, y que a su vez representan la gran mayoría de los procesos judiciales en el orden civil, laboral y contencioso administrativo". Por ello, argumenta que siguiendo el propio criterio del Tribunal Constitucional, estas tasas deben ser consideradas "inconstitucional en la medida en que el importe del gravamen puede incluso superar el interés económico en liza".
En el caso de multas de tráfico leves, sin detracción de puntos, cuyo importe es de 100 euros, la tasa judicial es de 200 euros, el doble que la multa. Para multas graves sin detracción de puntos (multas de 200 euros), la tasa es de 200 euros, lo mismo que la multa. Para multas graves con detracción de puntos, (multas de 200 euros) la tasa es de 450 euros, un 225% del importe económico de la multa. Para multas muy graves (500 euros) con detracción de puntos, la tasa es de 450 euros, casi la misma cantidad que la multa.
Resulta "evidente", en opinión de Dvuelta, que, al menos en lo que respecta a las multas, la Administración "se ha dotado a sí misma, como juez y parte, de un instrumento para evitar, por la vía de la disuasión, que los ciudadanos reclamen lo que consideran que, en Justicia, les pertenece". Así, la organización calcula que la cifra que la Administración evitará devolver a los ciudadanos es "muy superior" a los 306 millones de euros que el Ministerio de Justicia prevé recaudar sólo con la aplicación de las tasas.
Respecto a la vulneración del Artículo 106.1 de la Constitución, Dvuelta argumenta que "el pago de las tasas en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, además de afectar negativamente al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, lleva aparejada una consecuencia que afecta asimismo al control por parte de los tribunales de justicia de la actuación administrativa".
En este sentido, señala que cada vez que una persona no puede interponer un recurso contencioso administrativo debido al coste de las tasas, que pueden llegar a doblar el de la multa, "queda sin revisión jurisdiccional una actuación administrativa dictada, además, en el seno de un procedimiento de carácter sancionador".
"Entendemos, por tanto, que el sistema de tasas judiciales configurado a través de esta norma resulta perverso, por cuanto el Estado no solamente impide al ciudadano el ejercicio de un derecho fundamental, sino que además, se está blindando en el ámbito de sus actuaciones administrativas, atentando con ello a uno de los pilares del Estado de Derecho, cual es el del control jurisdiccional de los actos administrativos", señala.
Dvuelta también recuerda en su escrito ante la Defensora del Pueblo que "cumple destacar que han sido numerosas las voces que se han alzado contra esta Ley de Tasas, y que provienen desde distintos ámbitos del derecho". "Jueces, Secretarios y Colegios de Abogados de toda España han puesto el grito en el cielo al considerar, como lo hacemos nosotros, que la Ley 10/2012 atenta gravísimamente contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", señala el escrito.
