SANTA CRUZ DE LA PALMA 23 May. (EP/IP) -
El director insular de la Administración General del Estado en La Palma, José Antonio Batista, informó que el Ministerio de Economía y Hacienda, mediante una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado del 23 de mayo, ha autorizado para la renta 2005 reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias que se vieron afectadas por la tormenta tropical "Delta".
La medida se concreta en la reducción de los índices de rendimiento neto que se emplean en la estimación del I.R.P.F. para las actividades agrícolas y ganaderas.
"Los índices -aclaró el director insular- se aplican a determinados cultivos de los municipios afectados. Por ejemplo, para Puntallana y Santa Cruz de La Palma se contemplan plátanos, cítricos, aguacates y papas".
Los agricultores que aún no han hecho la declaración de la renta, deben tener en cuenta esos índices en su cálculo. Los que ya la presentaron, pueden, tal y como se contempla en la orden, regularizar su situación presentando una solicitud de rectificación ante el delegado de Hacienda o el administrador de la Agencia Tributaria correspondiente.
"Esas reducciones se contemplan -según Batista- en el Real Decreto-Ley de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta a finales de noviembre. Como puede verse, poco a poco van saliendo decretos y órdenes que vienen a hacer efectivas las ayudas de diverso tipo que aparecen en ese Real Decreto-Ley".
En este sentido, hay que decir también que el pasado sábado fue publicado el Real Decreto 610/2006 en el que se desarrollan determinadas medidas aprobadas en diciembre de 2005. Entre ellas aparece que se ha dotado a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de un crédito de un millón de euros para hacer frente a las indemnizaciones por daños no cubiertos por las condiciones de aseguramiento, daños no incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2005, los producidos en las explotaciones apícolas y los gastos derivados de la gestión y valoración de dichos daños.