La empresa responsable del Yakovlev que se estrelló en 2003 ingresa 1,2 millones de dolares para indemnizaciones

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ukranian Mediterranean Air (UM Air), la empresa responsable del vuelo del Yakovlev-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 causando la muerte de 62 militares españoles, ha procedido a ingresar 1,2 millones de dólares en la cuenta consignada por el Juzgado de Zaragoza que le condenó por su responsabilidad civil en el fatídico accidente aéreo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La cantidad abonada por la compañía ucraniana equivale a unos 20.000 dólares por pasajeros, es decir, unos 15.200 euros. El magistrado debe decidir próximamente el reparto de esta cantidad, tras haber consultado a los abogados de las familias.

Las fuentes consultadas informaron además de que la compañía Chapman Freeborn, el primer escalón en la cadena de subcontrataciones del Yak-42, se ha presentado formalmente en el procedimiento seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza para pedir la nulidad de todas las actuaciones.

El magistrado Angel Dolado, que en febrero de este año condenó a Chapman, UM Air y a la aseguradora Busin Joint-Sotck Insurance a pagar indemnizaciones desde los 8.800 hasta los 130.000 euros por su responsabilidad civil en el accidente aéreo, deberá ahora decidir si acepta la petición de anular las actuaciones trasladada por la empresa Chapman, que no se personó en el proceso.

En su sentencia, Dolado consideró como hechos probados que el Ministerio de Defensa encomendó a la Agencia NAMSA, dependiente de la OTAN, el viaje de 62 militares desde Kabul (Afganistán) y Bishkek hasta el destino final en Zaragoza y Torrejón de Ardoz. NAMSA, por su parte, contrató al intermediario transportista internacional aéreo Chapman Freeborn para la ejecución del vuelo y ésta lo subcontrató con la compañía ucraniana UM Air.

El 26 de mayo de 2003 el avión Yakovlev modelo 42-D se estrelló en las proximidades del aeropuerto de Trabzón. Viajaban 75 personas --trece tripulantes y 62 pasajeros, militares-- y fallecieron todos. A los pasajeros del vuelo, según un certificado de Defensa, no les fue entregado billete de transporte alguno ni indicación sobre posibles limitaciones de responsabilidad de las que pudiera beneficiarse la transportista.

En base al informe de la Comisión de Investigación Internacional turca y del informe pericial emitido en diciembre de 2003, la sentencia concluyó que el accidente, en último término, fue consecuencia directa de la deficiente organización empresarial de UM Air, ya que la normativa aérea internacional prohíbe despegar con el certificado médico del ingeniero de vuelo caducado y sin que no funcione el registrador de voz de la cabina --llevaba 45 días estropeado--.

La tripulación no estaba cualificada para este tipo de vuelo, estaban volando desde las últimas 23 horas, con cinco horas de espera no prevista porque un aeropuerto estaba cerrado. En la última fase del vuelo, previa al choque, en la segunda maniobra de aproximación para aterrizar, volando por debajo de los 11.500 pies de altura sobre la zona sur del aeropuerto, una zona montañosa, la tripulación no era consciente del área que sobrevolaban, tomó un rumbo equivocado, creían que estaban sobre el mar, cuando en realidad lo hacía en una zona montañosa, "muy peligrosa", donde se produjo el choque.

El vuelo, según el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza, era un transporte aéreo de carácter internacional, de naturaleza civil y no militar sometido al Convenio de Varsovia.