Entidades pacifistas de Cataluña piden una ley que declare de manera expresa "la ilegalidad de la dictadura de Franco"

Actualizado: viernes, 22 diciembre 2006 19:42

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Entidades pacifistas de Cataluña pidieron hoy una ley que declare de manera expresa "la ilegalidad de la dictadura de Franco" y la anulación de los juicios sumarísimos que tuvieron lugar entre 1939 y 1975 para, así, dejar sin validez las "decisiones represivas" derivadas del entramado jurídico del franquismo.

Estas asociaciones, lideradas por Sodepau, exigieron, además, el "reconocimiento legal" de todas las víctimas "que sufrieron la acción represiva del régimen" de forma directa en España o que tuvieron que marcharse forzosamente al exilio.

Todas estas demandas se realizaron en el marco de las Jornadas para la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia en Argelia, que se celebraron en Barcelona el 24 y 25 de noviembre, y que presentaron hoy sus conclusiones.

Durante las jornadas, representantes de Argelia, Líbano, Marruecos y Cataluña aportaron sus testimonios y argumentaciones sobre los crímenes cometidos durante sus dictaduras o guerras para llegar a la conclusión de que "los crímenes contra la Humanidad no pueden quedar impunes".

Por ello, los participantes demandaron la creación de una Comisión independiente en Argelia para esclarecer la verdad y hacer justicia con las víctimas de acosos, detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones forzosas cometidas por parte de aparatos del Estado desde el golpe de 1992.

En el caso del Líbano, las entidades denunciaron la creación de un Tribunal Internacional promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para juzgar a los responsables de un solo crimen, el asesinato del Primer Ministro libanés Rafic Hariri, ocurrido en 2005, mientras 17.000 desaparecidos entre 1975 y 2005 no son objeto de investigación y justicia.

Asimismo, el Comité de familiares de personas desaparecidas y/o secuestradas del Líbano denunció, además, que los antiguos dirigentes de las milicias responsables de estos crímenes ahora forman parte del Gobierno libanés.