Entregan el martes en el Congreso 5.000 firmas para que estudie el caso de un joven que quedó en coma tras una operación

Actualizado 01/11/2009 13:34:46 CET

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de Antonio Meño, un chico en coma desde hace 20 años por una operación de estética, presentará el martes un total de 5.000 firmas en el Congreso de los Diputados para que éste exija al Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, que atienda a una petición que realizaron hace ahora dos años para que se investigase lo sucedido en el caso de su hijo.

Tanto los padres como el afectado, que se encuentra en coma irreversible, llevan cerca de cuatro meses vivienda en tiendas de campaña en la calle, en plena Plaza de Jacinto Benavente, "pidiendo justicia" y recogiendo firmas para buscar salidas a su situación, ya que después de 20 años todavía no hay una decisión judicial definitiva acerca del caso de este joven.

En noviembre de 2008, la familia se dirigió al Comité de Derechos Humanos en Ginebra con el fin de que se condenase al Reino de España "por violación" del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recoge que todas las personas "son iguales ante los tribunales y cortes de justicia".

En este punto se establece que cualquiera tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías "por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil".

De esta manera, la familia denunciaba el trato que, a su juicio, ha recibido durante 20 años por parte de los tribunales, desde que empezaron con litigios para resolver si el estado comatoso irreversible de su hijo era consecuencia de una negligencia médica por parte de un anestesista.

En un primer momento, los padres denunciaron la situación ante el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, que condenó al anestesista pero éste recurrió en apelación su sentencia condenatoria y la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la dictada en primera instancia, absolviéndole y dejando a la víctima sin la indemnización.

Posteriormente, los padres acudieron al Tribunal Constitucional y allí perdieron en primera instancia, en apelación y en casación. Ahora los jueces le reclaman cerca de 400.000 euros en costas, aunque de momento la ejecución de estas costas se ha paralizado hasta pronunciamiento del Tribunal Supremo.

SIN RESPUESTA CONCRETA

Sin embargo, la respuesta del Comité consistió en devolver la petición a la familia con una carta sin firma --sólo una genérica Unidad de Comunicaciones--, en la que señalaban que "tras haber examinado detenidamente el contenido de su queja", la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no estaba "en condiciones de asistirle en el asunto".

Sorprendidos por la forma y por el fondo de la respuesta, en diciembre volvieron a mandar una misiva, esta vez al presidente del Comité, al que se quejaron por el "extraño comportamiento" que, en su opinión, habían tenido con ellos y solicitándole que la persona que hubiese rechazado la comunicación se identificara y se les permitiera volver a mostrar su queja.

Según explica la familia, en lugar del presidente, en otro escrito anónimo en enero, se les informó de que las posibilidades de que la queja obtuviese "una decisión favorable" por parte del Comité" eran "mínimas", por lo que volvieron a insistir con el presidente porque tenían constancia de que casos parecidos al suyo habían salido favorables.

Desde entonces no tienen más noticias de este Comité, por lo que la familia reunió 20.000 firmas en septiembre, que ya entregó a la Cámara, para que instarán al Comité a abrir una investigación con lo ocurrido a través de una comisión especial. "El estado de nuestro hijo, antes y después de entrar en el quirófano para un retoque de nariz innecesario y el desprecio recibido de ese Comité justifica esta petición", aseguran.

Ahora, las nuevas 5.000 firmas son un intento de seguir apelando a la atención del Gobierno central y todos los diputados que conforman el Congreso. La familia, mientras tanto, sigue esperando en sus tiendas de campaña, acondicionadas ahora de cara al próximo invierno y recogiendo el apoyo popular día tras día. Además, tienen a disposición del público la venta del libro 'Jueces a juicio', de Luis Bertelli, cuyos beneficios van destinados también a ayudar a la familia.