Cabrera se muestra partidaria de que los centros se encarguen de que los alumnos objetores recuperen los conocimientos ya impartidos
VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León pidió hoy al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte que retire el recurso que presentó contra el decreto regional que desarrollaba el currículo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por considerar que el anuncio del fallo del Tribunal Supremo es "cercano" a las tesis defendidas por el Ejecutivo regional.
Así lo puso de manifiesto el consejero de Educación, Juan José Mateos, quien tras la presentación junto a Mercedes Cabrera del convenio de colaboración entre el Ministerio y la Junta para el Plan de Apoyo a la Implantación de la LOE, pidió "prudencia" hasta la publicación del fallo del Tribunal Supremo pero adelantó que cuando se conozca "en profundidad" la sentencia, la Junta estará "en condiciones" de llegar a un acuerdo con el Ministerio.
En este sentido, se mostró "seguro" de que el fallo del Tribunal Supremo es "cercano" a las tesis defendidas por el Ejecutivo regional, por lo que solicitará al Ministerio que retire el contencioso y, a continuación, se pongan de acuerdo en lo referente a esta asignatura y en "beneficio" de los alumnos.
Mateos, quien recordó que el amparo que la Comunidad ha dado a la objeción responde a su vez al amparo del Tribunal Superior de Justicia, coincidió con la ministra, Mercedes Cabrera, en que ha llegado el momento de "abandonar las peleas" relacionadas con Educación para la Ciudadanía para "ponerse a trabajar".
Tras resaltar que hay que poner a esta asignatura "en el sitio que merece", el consejero de Educación de Castilla y León reiteró que la sentencia del Supremo responde a los autos de los tribunales de Andalucía y Asturias pero que, en Castilla y León, el amparo a la objeción es provisional por parte del TSJ por lo que será el fallo definitivo el que determine lo que le corresponde hacer a la Junta.
AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
Por su parte y al respecto de este mismo asunto la ministra recalcó que la asignatura no es sólo "obligatoria" sino también "muy necesaria" para que los jóvenes conozcan sus derechos y obligaciones en el marco de la sociedad en la que viven y rechazó que tanto el Ministerio como las consejerías sean competentes en la puesta al día de los menores que, hasta el momento, no han asistido a las clases en las que se impartía esta materia.
En este sentido, Cabrera se mostró partidaria de un sistema educativo en el que la autonomía de los centros "llegue hasta donde debe llegar" ante una situación "compleja y heterogénea" por lo que abogó por la autonomía de los centros en colaboración con las administraciones educativas a fin de "brindar" una vía para resolver el problema al que ahora se enfrentan estos alumnos.
El principio básico se centra, según la ministra, en "confiar" en el funcionamiento del sistema educativo, objetivo en el que todos están "embarcados", y no "esquivar responsabilidades" ya que, reiteró, el Ministerio no deja la "patata caliente" a los centros confiando en su autonomía para solventar el caso de los alumnos objetores.
Asimismo, la ministra resaltó que el anuncio de la sentencia del Supremo se "esperaba" y que confiaban en que pudiera unificar las distintas doctrinas de los tribunales superiores de justicia, a lo que sumó que el texto deja "suficientemente claro" el tema de la objeción así como la obligatoriedad de la asignatura.
Por ello, mostró su deseo de que tanto las administraciones competentes como las familias apliquen la sentencia y "brinden" a los objetores la oportunidad de recuperar el "tiempo perdido" mediante la puesta al día en los contenidos de la asignatura.
